La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha remitido al Consejo Económico y Social (CES) para su informe el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña al presupuesto, así lo ha anunciado el consejero y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Se trata del paso previo para poder aprobar unos presupuestos, que en estos momentos Castilla y León es la única comunidad, que todavía no cuenta con ellos. Según Carriedo, "se trata de la cuarta rebaja tributaria llevada a cabo en los últimos 3 años que se suma a las numerosas acciones que ha puesto en marcha la Junta dentro de los compromisos de su política fiscal".

Con los plazos que se dan, parece ser que la presentación de presupuestos llegará para 2024 y el informe de techo de gasto ha anunciado que se presentará al mismo tiempo.

El documento, que incluye nuevas rebajas tributarias, mantiene la apuesta de la Junta de Castilla y León por una política fiscal moderada y justa, con bajada de impuestos para reducir la carga fiscal de familias, jóvenes, autónomos y empresas. De igual modo, con estas medidas se incentiva el consumo y la inversión y se favorecen la actividad económica y la creación de empleo.

Asimismo, la Junta apuesta por una fiscalidad más favorable para el medio rural, al objeto de atraer y fijar población en la Comunidad.

El nuevo paquete de rebajas tributarias que será aprobado por la Junta incluye varias ventajas. La primera, un nuevo beneficio fiscal para favorecer la actividad industrial mediante la reducción de las cargas fiscales a autónomos y empresas.

Esta medida consiste en reducir a la mitad el pago por las operaciones que se formalicen en escritura pública en el medio urbano y rural sobre suelo industrial y terciario (agrupación, agregación, segregación y división de parcelas) en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La segunda rebaja se centra en la mejora de los beneficios fiscales aprobados el pasado ejercicio para favorecer la continuidad de las explotaciones agrarias, en relación con la bonificación del 100 % en la cuota del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas por arrendamiento de fincas rústicas. Con esta medida se extiende la rebaja fiscal de los agricultores profesionales a todos los agricultores en situación de alta en la Seguridad Social y de las explotaciones agrarias prioritarias a todo tipo de explotaciones.

Por último, respecto a la mejora de los beneficios fiscales en apoyo a la familia y al medio rural, se amplía la deducción incrementada hasta el 40 % por nacimiento o adopción en el medio rural, para que los residentes en entidades locales menores de 5.000 habitantes pertenecientes a municipios de más de 5.000 habitantes -casi 130 entidades locales menores- también se beneficien de ella.