El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asumido hoy que la aprobación mañana de los presupuestos generales del Estado “despejará algunas dudas” para elaborar las cuentas de la Comunidad, que pasarán a su fase final, sin que sufran un retraso “muy dilatado en el tiempo” sobre los plazos previstos.

Carriedo destacó que podrán acometer el “cierre definitivo” de las partidas una vez que conozcan las transferencias que llegarán del Estado así como la evolución de las retribuciones de los empleados públicos. “Estaremos ya en condiciones de pasar a la fase final” de presentar las cuentas de Castilla y León para 2022, con el cierre definitivo, el cuadre de las cuentas y la aprobación del techo de gasto en las Cortes y del presupuesto. 

Sin fecha

Carlos Fernández Carriedo reconoció, no obstante, que no tienen fecha definitiva todavía, y recordó que “ha habido un retraso en la presentación de los presupuestos del Estado y eso introduce algunos días respecto a la previsión autonómica, pero no puede ser muy dilatado en el tiempo, porque el nacional no ha sido tampoco muy alargado”, según informa Ical. 

Por otra parte, enfrentó los acuerdos del Gobierno para elevar el Impuesto de Sociedades, con la política de bajar tributos de la Junta. “Mantenemos muy distinta posición”, dijo, para defender que Castilla y León está entre las autonomías más avanzadas en competitividad fiscal.

“Hay dos modelos de encarar los presupuestos, aquellos que ven cómo subir impuestos a ciudadanos y empresas y aquellos que vemos como bajarlos”, concluyó.

Subida de la luz

Por otra parte, el consejero advirtió de que la subida de la luz “afecta de lleno” el gasto de la Junta de Castilla y León, porque son “grandes consumidores de energía” para la prestación de servicios, sanitarios, educativos, sociales y generales, algunos de ellos “muy intensivos”, 24 horas los 365 días al año, como quirófanos o camas hospitalarias. Carriedo explicó, no obstante, que los contratos son muy diversos, porque cuentan once áreas de salud y más de 200 consultorios locales o centros educativos afectados.

El consejero indicó asimismo que el impacto es doble sobre la Administración autonómica por la pérdida de poder adquisitivos por la “espiral inflacionista” que sufren los ciudadanos así como las empresas, que “deben internalizar esos costes y no los pueden repercutir muchas veces al mercado”.

Por su parte, la consejera de Educación, Rocío Lucas, cargo contra el Estado por que “deja a los ayuntamiento sin posibilidad de poder compensar esa subida de la luz” en los colegios. Precisó que se trata de gastos de funcionamiento y recordó que la Junta compensó con subvenciones el exceso de limpieza que exigió por la COVID a estos consistorio. En este sentido, exigió que “en el reparto de los fondos, el Estado ponga alguna disposición para los ayuntamientos”.