El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, trasladó hoy de nuevo a las Cortes el problema que ha subsistido año tras año de “insuficiencia de crédito” para financiar las obligaciones de la Gerencia Regional de Salud.

Amivilia presentó en las Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad del ejercicio 2018, donde se constata que la Gerencia Regional de Salud contabilizó obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2018 por 184 millones de euros (seis de ejercicios anteriores), que suponen un incremento del 40 por ciento respecto a 2017 cuando se cuantificó en 132 millones.

La deuda sanitaria no imputada a presupuesto alcanzó su máxima cuantía en 2011 (1.169 millones) y el aumento interanual registrado en 2018, dijo Amilivia, rompió la tendencia a la disminución que se venía observando, ya que en 2014 ascendía a 487 millones de euros; en 2015 a 459 y en 2016 a 462. 

Mario Amilivia también analizó la cuenta 409 donde se constatan obligaciones pendientes de imputar a presupuesto al cierre del ejercicio, con una subida hasta 330 millones, donde la Gerencia de Salud y Junta de Castilla y León fueron las entidades con mayor importe en dicha cuenta por obligaciones relativas a personal y transferencias corrientes.

Amilivia puso de relieve que en el caso de la Gerencia no recoge todo el importe al no registrarse las obligaciones relacionadas con los intereses de demora. En el caso de la Junta, se circunscriben fundamentalmente a la Consejería de Educación. 

En este sentido, concretó que la no imputación por falta de crédito se produce desde hace varios ejercicios; y precisó que las obligaciones se corresponden con gastos de liquidación de las cuotas del régimen general de la Seguridad Social del personal de centros públicos y concertados. 

Asimismo, el presidente del Consejo de Cuentas puso de relieve que existen obligaciones pendientes de imputar a presupuesto de 2018 por importe de 87 millones de euros y obligaciones de ejercicios anteriores indebidamente imputadas al ejercicio 2018 por 116 millones.
Deuda
Amilivia constató también que el conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2018 alcanzó un endeudamiento de 12.360 millones de euros, un 4,1 por ciento superior al de 2017. Así, la deuda viva a 31 de diciembre había aumentado en una década un 374 por ciento, pasando de 2.608 millones en 2008 a 12.360. 

El responsable del órgano de fiscalización de la Comunidad expuso que cuando en 2008 se inicia la crisis económica la deuda pública por habitante era de 1.017 euros y en 2018 de 5.151, un 406 por ciento superior. 

Con todo, Castilla y León cumplió en 2018 el límite de endeudamiento establecido en el objetivo de estabilidad presupuestaria con un déficit de 0,2 por ciento del PIB autonómico. Cumplió igualmente los objetivos de deuda pública alcanzando el 21,1 por ciento del PIB y el de la regla de gasto, establecido en el 2,4 por ciento, con una variación respecto a 2017 del menos 1,8 por ciento.

Opinión
Mario Amivilia afirmó que la Cuenta General se presentó, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables de aplicación, “reflejando de forma fiable la actividad económico-financiera de la Comunidad”, excepto por los incumplimientos y salvedades recogidas en seis de las 75 conclusiones del informe. Además, indicó que la cuenta de 2018 se rindió dentro del plazo, respetando la estructura prevista por la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, recogiendo la información establecida, existiendo, no obstante, algunas “carencias” en la información suministrada.

Amilivia significó en su comparecencia que la aprobación en 2018 del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad tendrá efectos de manera progresiva, atendiendo a algunas de las recomendaciones reiteradas por el Consejo de Cuentas en la fiscalización anual de la Cuenta General de la Comunidad.

Así, con los cambios introducidos por la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas publicada el pasado 25 de febrero, a partir de la cuenta de 2021 se prevé modificar la estructura actual de tres cuentas para presentarse, como en la Cuenta General del Estado, una cuenta única consolidada de todas las entidades que integran el sector público autonómico, donde quedan incluidas empresas y fundaciones públicas.

Al respecto, el informe presentado hoy indica que la agregación realizada en el balance y en la cuenta del resultado económico-patrimonial es correcta, pero implica duplicidades y, por tanto, sobrevaloraciones en las magnitudes contables que reflejan las operaciones internas realizadas entre las diversas entidades, concretamente en transferencias corrientes y de capital, y en la cesión y adscripción de bienes. Por ello, agregó, el estado de liquidación del presupuesto rendido no es coherente con la información financiera del balance y de la cuenta del resultado económico-patrimonial, ya que aquel se presenta consolidado y en éstos la información figura agregada.

La suma de los presupuestos definitivos del total de entidades integradas en la Cuenta General de las Entidades del Sector Público sujetas al Régimen de Contabilidad Pública fue de 15.349 millones de euros, experimentando una disminución de 144 millones respecto del ejercicio anterior, un 0,9 por ciento menos. Las obligaciones reconocidas por el conjunto de entidades sumaron 10.504 millones, un 1,6 por ciento inferior a las de 2017, y los derechos reconocidos consolidados 10.764, un 2,1 por ciento más.
El Consejo propone en el resultado presupuestario consolidado un ajuste negativo de 79 millones de euros, situando la cifra total en un importe negativo de 289 millones. En lo referente a las modificaciones presupuestarias, el presupuesto inicial consolidado fue de 10.854 millones de euros, habiéndose autorizado modificaciones que suman 197 millones y situando el definitivo en 11.050 millones. 

Empresas y fundaciones
En relación a las empresas y fundaciones públicas, el número de empresas públicas se mantiene en una (Somacyl) y el de entidades integradas en la cuenta general de las fundaciones públicas en diez. La fundación con mayor peso específico en relación a los gastos del ejercicio es Siglo (que representa un 42 por ciento), seguida de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (23 por ciento) y Patrimonio Natural (12 por ciento).