Un total de 1.559 ayuntamientos de la Comunidad ha presentado las cuentas del ejercicio 2019 dentro del plazo legalmente establecido, que finalizó este jueves, por lo que cumplen con esta obligación legal el 69 por ciento de los municipios de Castilla y León, tres puntos más que el pasado ejercicio.

De los 1.559 ayuntamientos que han rendido cuentas, 173 son de la provincia de Ávila, el 69,8 por ciento del total; 245 de Burgos (66 por ciento); 135 de León (64 por ciento), 137 de Palencia (71,4 por ciento); 279 de Salamanca (77,1 por ciento), 113 de Segovia (54,1 por ciento); 142 de Soria (77,6 por ciento), 160 de Valladolid (71,1 por ciento) y 175 de Zamora (70,6 por ciento).

Aunque con carácter ordinario la fecha legalmente estipulada en Castilla y León es el 31 de octubre, la situación excepcionalde la pandemia ha motivado en esta ocasión un aplazamiento de casi tres meses para facilitar el cumplimiento de esta obligación al conjunto de las 4.749 entidades que conforman el sector público local de la Comunidad.

Del total de entidades locales de la Comunidad (ayuntamientos, entidades locales menores, mancomunidades, diputaciones y comarca), 2.705 han presentado su cuenta general, lo que representa un 57 por ciento, dos puntos porcentuales menos que en el ejercicio precedente.

Asimismo, de las nueve diputaciones provincias han presentado sus cuentas las de Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Vlladolid.

A pesar de haber finalizado el plazo, el Consejo remitirá un nuevo escrito a todas las entidades locales de la Comunidad que no han rendido la cuenta general de 2019, recordando que el cumplimiento de esta obligación atiende al principio de transparencia que debe presidir la gestión de las administraciones públicas.

Por ello, el Consejo insta a las entidades que no han presentado sus cuentas en plazo, a que las tramiten en todo caso antes de finalizar el presente mes de enero para poder realizar adecuadamente su función fiscalizadora.

El llamamiento tiene este año una especial relevancia para llevar a cabo las auditorías relacionadas con el impacto de la pandemia del COVID-19 previstas en la propuesta del Plan Anual de Fiscalizaciones presentado por el Consejo de Cuentas para su aprobación a las Cortes de Castilla y León.