La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, garantiza “más recursos” para el plan de empleo en el año 2021 respecto a 2020, cuando se suscribieron 165 millones inicialmente, y aclaró que si es preciso implementarlo con apoyos extras como este ejercicio (41 millones) se hará “pero en las políticas que sean necesarias” frente a los efectos COVID.

Amigo espera que este plan esté cerrado y suscrito junto a la tercera estrategia integrada de empleo y el acuerdo marco de competitividad industrial a finales de enero o principios de febrero, y explicó que están evaluando las políticas aplicadas para ver las que están funcionando para impulsarlas con más fondos y “no gastar inútilmente” en las que no sirven.

Amigo indicó que mantendrán reuniones con las entidades más representativas de los diferentes colectivos para conocer sus demandas y “acertar” con la nueva estrategia de empleo y apuntó a los centros especiales de empleo y el mundo rural y local, con la Federación Regional de Municipios y Provincias. “Queremos que nos digan sus necesidades”, apostilló.

Lo que si deja claro es que no se pondrán más fondos para complementar los expedientes de regulación temporal de empleo, porque esas partidas hay que destinarlas a quienes sostienen los puestos de trabajo. “Si lo recursos no van a quienes sostienen el empleo, puede que todos esos trabajadores acaben en la calle”, dice.

Dio por hecho que seguirá la conflictividad en esta materia con los sindicatos a los que trasladó que “hay que bajar a la tierra, escuchar a quien está sufriendo, y poner los intereses de los ciudadanos por encima de las siglas, porque el dinero es público, y hay que gastarlo bien”.

Asimismo, reclamó que los ERTE se extiendan más tiempos para los sectores más afectados por la crisis, como el hostelero o el comercio. En este sentido, exigió de nuevo un plan de choque al Gobierno, que complementarían con fondos desde la autonomía y las corporaciones locales.

Serla

Por lo que se refiere al Serla, asume su compromiso de resolver su futuro en enero, para lo que dependen, dijo, de tres informes, el de la comisión paritaria PP-Cs sobre el sector público; otro sobre el trabajo que desempeña el SMAC; y uno más del nuevo gerente de la propia fundación.

Señala que se creó el pasado martes un grupo de trabajo para desbloquear la situación y el servicio está en Valladolid y ahora hay que ver “si seguimos sosteniendo esa fundación, si la Junta se aparta, y si se extiende o no”.

La consejera analiza para Ical, sus expectativas para el año que empieza, y reconoce que son “conscientes de que estamos en una situación muy complicada y las peores expectativas se han cumplido, porque parece que vamos a una tercera ola de contagios y eso nos preocupa enormemente”. “No sabemos lo que ocurrirá en enero, pero es preciso que seamos todos muy prudentes y cumplir estrictamente las medidas para no paralizar el empleo y volver al cierre”, advirtió.

Carlota Amigo recuerda que su departamento manejará el año que viene 358 millones de euros de presupuesto para políticas activas para desempleados, ocupados, pymes, autónomos o industrias. Aclara que cumple en sus gastos con el pacto por la recuperación, con los 20 millones para empleo local, que generarán 2.000 contratos para “perfiles complicados” de perceptores de renta garantizada, desempleados de larga duración o parados con cargas familiares de 35 a 45 años. Asevera que proseguirán con sus apoyos al empleo local y rural con 50 millones de euros; junto 23 millones para los CEEI, y las empresas de inserción.

Amigo comenta que el ECyL, manejará más de 100 millones, con el reto de la formación y la capacitación profesional, sobre todo en los retos europeos d ella digitalización. No obstante, indica que están en definir los perfiles con oportunidades y precisa que desde enero 100 prospectores contratados por su consejería, visitarán durante el primer trimestre 25.000 empresas para conocer su realidad, sus necesidades, e informarles de los apoyos a los que pueden acceder. El reto es mejorar la intermediación laboral y la cercanía al tejido productivo.

Carlota Amigo asume el ingente trabajo que tiene por delante y carga contra el Gobierno, porque con lo que no pueden contar es con un plan de choque consensuado para los sectores más afectados; y también están “muy preocupados” por la estrategia del Ejecutivo con la automoción.

Al respecto, explica que tanto el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, como ella, remitieron cartas a sus ministros, para exigir tanto ese plan de choque nacional, como una estrategia clara de apoyo a la automoción basada en las demandas del sector, no en decisiones como la subida del impuesto de matriculaciones, que reduce la competitividad de las plantas en un momento decisivo.