El Procurador del Común respalda la queja presentada por el sindicato CSIF, y emite una resolución en la que recrimina a la Consejería de Educación la falta de negociación con las organizaciones sindicales del proceso de escolarización de alumnos de 0 a 3 años en los centros escolares, y le pide la máxima “transparencia” en el establecimiento de la enseñanza gratuita para el alumnado del primer ciclo de Educación Infantil.

El Alto Comisionado, tras la ‘negativa’ de la Consejería a convocar la Mesa Sectorial de Educación, para abordar cómo afectaría este proceso a las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública, le recuerda que este proceso “debe llevarse a cabo con la mayor transparencia posible ante las organizaciones sindicales”, y alude a la necesidad de establecer una negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Educación, de aspectos como son las condiciones sociolaborales del profesorado y del resto de personal de los centros.

Del mismo modo, reclama al departamento que dirige Rocío Lucas que, dada la “dualidad” establecida en función de la titularidad de los centros, aclare “debidamente” los procesos de admisión de alumnos de 2 a 3 años en todos aquellos centros, tanto públicos como privados, desde los que se oferten plazas y que se integren en el ámbito de aplicación del decreto de 2018, que regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.

Dos órdenes diferentes

Hay que recordar que la Junta estableció dos órdenes diferentes, una para los centros públicos y otra para aquellos que son financiados con fondos públicos, lo que llevó a CSIF a recriminar a la Consejería el fomento de “agravios comparativos” entre ambas redes, al no jugar todos en igualdad de condiciones a la hora de ofrecerse para impartir el segundo ciclo de Educación Infantil, e incluso le acusó de fomentar un “concierto educativo encubierto”, al pagar a centros de titularidad privada por un servicio público que se convierte en gratuito, “sin el diseño de criterios claros y transparentes”.

Tras comprobar que solo el 20% de los centros autorizados en toda Castilla y León para impartir el primer ciclo de Educación Infantil son de titularidad de la Junta -139 sobre una red de 680, según datos que aparecen en la comunicación recibida-, el Procurador del Común insta a la Junta a que “de forma gradual” vaya incrementando la oferta de plazas de titularidad pública para la escolarización de alumnos del primer ciclo de Infantil y que, para ello, acometa una “planificación” que permita “crear centros públicos y dotar a los existentes de las condiciones adecuadas”, ya sea a través de adaptaciones, reformas o ampliaciones, para ofertar esa etapa.