Ante la situación que cada día afrontan alumnos y docentes de Castilla y León en esta prolongada alerta sanitaria derivada de la pandemia, y como consecuencia del aumento paulatino del número de contagios en las aulas, la Asociación de Profesores ASPES-CL exige a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la adopción de medidas urgentes para atajar el problema. La situación es insostenible para docentes que, en ocasiones, llegan a entrar en contacto con cerca de 150 alumnos cada día debido a la dinámica de aulas rotatorias. En ese sentido, los docentes constituimos un grupo de alto riesgo en cuanto a las posibilidades de contagio.

Además, a día de hoy continuamos esperando la instalación, en todos los centros educativos de la Comunidad, de los medidores de CO2 cuya adquisición anunció el Ejecutivo regional antes de las fiestas navideñas. A punto de cumplirse un mes del regreso tras el parón navideño, no hay señal de esos detectores.

La actual situación de contagios y aulas confinadas exige también la colocación de purificadores de aire por parte de la Administración. Hasta el momento solo disponen de dichos purificadores aquellos centros donde los ayuntamientos o las asociaciones de padres y madres se han ocupado de adquirirlos. Los filtros purificadores de aire contribuyen a reducir la terrible incomodidad que conlleva la ventilación natural en pleno invierno, la cual supone un grave perjuicio para la salud de unos profesores y alumnos que ya están más que hartos de esta situación.

Otro grave problema se produce con el tipo de mascarillas que se proporciona al profesorado. A la vista de los estudios científicos al respecto, ASPES-CL considera insuficiente la protección que proporcionan las mascarillas quirúrgicas que recibimos ya que es muy alto el grado de exposición al contagio al que nos vemos sometidos a diario. En consecuencia, exigimos que sean sustituidas en todos los centros por las del modelo FFP2, más acordes con la situación que se afronta cada día en las clases llenas de alumnos.

Asimismo, exigimos un cambio en el protocolo de actuación una vez que se detecten casos positivos en aulas de Secundaria. Consideramos inadmisible que la norma obligue a esperar al tercer contagio para realizar un cribado masivo. Nos parece una grave irresponsabilidad no adoptar esa decisión desde que se conoce el primer positivo pues pone en grave riesgo no solo a la comunidad educativa sino a la sociedad en general.

En esa línea, reclamamos una mayor consideración hacia el colectivo docente respecto a la vacunación. Relegarlo al sexto grupo de los ocho en los que se han dividido los turnos para recibir la vacuna contra la COVID-19 supone una absoluta falta de consideración y respeto hacia nuestro colectivo, algo que ya viene repitiéndose con demasiada frecuencia últimamente y que quedó patente cuando nadie planteó como prioritaria la posibilidad de realizar al profesorado test para controlar periódicamente su estado de salud a pesar de la gran cantidad de alumnos con los que se relacionan estrechamente en su día a día. Con decisiones tan temerarias como estas, la Administración regional vuelve a transmitir a la sociedad, una vez más, el mensaje de que no valora a los profesores como un sector esencial.

En este mismo plano normativo, ASPES-CL se suma a las numerosas voces que reclaman la consideración de accidente laboral para las situaciones relacionadas con los contagios por coronavirus entre la comunidad docente. La posibilidad de que un contagio derive en futuras complicaciones a medio o largo plazo necesita contar con un respaldo legal en el caso de tener que solicitar indemnizaciones o medidas de mayor calado.

Finalmente, volvemos a exigir que se regule la reducción de la jornada lectiva para profesores mayores de 55 años, una antigua exigencia que cobra en esta época mayor sentido que nunca por cuanto que ese colectivo de docentes son también grupo de alto riesgo frente a esta terrible enfermedad.