La Fiscalía exculpa a Villanueva de la trama eólica y apunta a una connivencia entre Delgado y Bravo en el reparto de parques

La Fiscalía sostuvo hoy, en el juicio que se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid por el caso de la denominada ‘trama eólica’, que existió una confabulación entre el entonces viceconsejero de Economía Rafael Delgado y Ricardo Bravo, principal responsable de Iberdrola en Castilla y León, para el reparto de parques eólicos, de la que estaba al margen el exconsejero de Economía y exvicepresidente de la Junta Tomás Villanueva.

En su informe final, el fiscal también recalcó que empresas como Industrias San Cayetano o Collosa recibieron un trato de favor por parte de la empresa energética, cuya “mano ejecutora” en la Comunidad era Ricardo Bravo, a través de cobros millonarios que en la “práctica eran regalos” y que “no fueron fruto de la casualidad”.

En este sentido, también indico que en un momento dado el listado de previsiones de la evolución de los parque en función de su tramitación, dejó de ser elaborado por la Dirección General de Energías y Minas y pasó a ser confeccionado directamente por Iberdrola, haciendo constar y el nombre de los futuros promotores y los parques que había que ceder.

A lo largo de su intervención, que se prolongó por espacio de más de dos horas, resaltó el trato de favor recibido por San Cayetano a lo largo de todos los hechos enjuiciados, “pese a no haber hecho nada” y explicó que San Cayetano Wind recibió 47 millones de euros de Iberdrola por asociarse con la empresa energética en la sociedad vehículo Energía Global Castellana y venderla posteriormente unas acciones por las que había pagado 24.000 euros.

Además, argumentó que en Castilla y León se vulneraron los principios de objetividad, transparencia y libre competencia por los que funciona el mercado eléctrico y que están recogido en una ley estatal que regula el sector, así como la normativa autonómica, al dictarse una instrucción en abril del 2004 por la que se ordenaba a los servicios territoriales que avocaran en todos los casos la autorización en favor del viceconsejero de Economía.

Para el representante del Ministerio Público, no existen, salvo el testimonio del propio Rafael Delgado, indicios probatorios de entidad que apunten a que Tomás Villanueva participó en el diseño y ejecución de los hechos que se están enjuiciando. Aunque era el superior jerárquico de Delgado, el fiscal recalcó que tampoco hay documentos que demuestren que era Villanueva el que decidía que había que ceder parques o que había determinados empresarios que no podían construir.

Por otra parte, el fiscal también explicó el entramado societario montado en Suiza por Delgado, con la colaboración de Jesús Rodríguez Recio, para blanquear todas las mordidas y que se realizó a través de empresas con domicilio en Polonia de Alberto Esgueva.

Enriquecimiento personal

En la jornada de hoy también presentó su informe de conclusiones la representante de la Abogacía del Estado, que argumentó que los delitos contra la Hacienda Pública no han prescrito, además de rechazar que en este caso se pueda aplicar la teoría del ‘fruto del árbol envenenado’, dado que todas las partes eran conocedoras de que había en marcha una inspección por parte de la Agencia Tributaria, “por lo que en ningún momento se puede hablar de indefensión”.

Al mismo tiempo, centro parte de su intervención en demostrar como en 2011, una vez que Rafael Delgado deja la Junta, donde tenía un sueldo anual de 53.000 euros, empieza a tener unos ingresos “muy llamativos” a través de tres sociedades que no cuentan con trabajadores, que no tienen clientes ni proveedores y que emplearon “facturas falsas”. Así, asegura que solo las ganancias patrimoniales no justificadas y no declaradas por Delgado en el ejercicio de 2013 ascendieron a más de 209.000 euros. A su vez, también se refirió a la compra de una televisión de 20.000 euros, de dos viviendas, una en Comillas (Cantabria) y otra en Simancas, y de un coche de alta gama.

Además, sostuvo que aunque Jesús Rodríguez Recio siempre actuó como representante de Delgado, era el viceconsejero el que controló todas las operaciones, tanto las relativas a la administración, determinando el valor de los parques y los proyectos después de elaborar la instrucción de avocación “usurpando” las competencias de la Dirección General de Energía y Minas, como las mercantiles, decidiendo que socios locales entraban como sociedades vehículos y en qué porcentajes.

Indemnizaciones

En la jornada de hoy, que continuó por la tarde, también presentó su informe final el abogado de la acusación que representa a los socios de IDER y de Augusta Wind, que sostuvo que sus patrocinados se vieron obligados por Rafael Delgado a vender de manera forzada y a pérdidas, al que también acusaron de ser la persona encargada de determinar los socios locales que entraban a formar parte de las empresas promotoras.

En su alegato final, explicó que Augusta Wind que estaba promoviendo 23 parques, todos con la declaración de impacto ambiental aprobada y algunos con la concesión de la línea de evacuación, cobró por su venta 39.000 euros por megavatio, cuando el precio del mercado era de 150.000 euros por megavatio.

En este sentido, hizo referencia a un informe elaborado en 2010 por la Dirección General de Energía y Minas, en el que se establecía en 207.000 euros anuales por megavatio el dinero que estaban dejando de ingresar los parques en construcción y que todavía no tenían resuelta la evacuación a la red. En base a dicho informe, cifró en más de 416 millones de euros los perjuicios ocasionados por la Junta a IDER; en más de 92 millones a Augusta Wind y unos 25 a NR33.

Además, este abogado explicó como después de estar paralizada la autorización administrativa durante más de un año en el caso de los parques que IDER se vio obligada a vender a SINAE -ahora EDP-, veinte días después de cerrarse la operación, la Junta concedió las autorizaciones.