El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto ley por el que se incrementa en un 1,5 por ciento el salario de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León para 2022, que se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre del año pasado. De esta forma, se consolidará el aumento retribuido global máximo para este ejercicio del 3,5 por ciento. La medida supone un coste de 75 millones de euros, ya que se incluye también a los empleados de universidades y centros concertados, según Ical.

La Junta ha señalado que realizará un "esfuerzo económico" por los funcionarios, que se materializará ya en la nómina de noviembre de este año y se abonará como atrasos el incremento correspondiente a los meses entre enero y octubre de este año. 

Así, se han aprobado medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural, y medidas en materia de retribuciones del personal del sector público y en la protección de los trabajadores agrarios eventuales afectados por la sequía.