Cada vez más concienciados con el medio ambiente, no es raro consultar la etiqueta de los productos electrónicos que compramos, como televisiones o bombillas, para conocer así su eficiencia energética. Pero no son los únicos afectados por estos datos, también lo son los edificios. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con una menor cantidad de edificios poco eficientes - Con calificación E, F, y G-, con un 76,09%.

Como se puede comprobar, gran parte de los edificios son poco eficientes, pero lejos de comunidades como el País Vasco (86,52%); Canarias (85,48%); Baleares (84,89%); Murcia (83,84%); Valencia (83,08%) y Cantabria (82,25%). Estos datos provienen del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Estos análisis engloban los edificios con una Certificación de Eficiencia Energética (CEE) con una calificación E, F y G, que son las menos eficientes.

En el extremo opuesto, las comunidades autónomas con el mayor porcentaje de edificios con la máxima calificación —letra A— en su CEE son Canarias (1,27%); Castilla y León (1,21%); Asturias (0,59%); La Rioja (0,49%); Galicia (0,47%); Baleares (0,33%) y Navarra (0,31%). Estas siete regiones se sitúan por encima de la media nacional, que es del 0,29% del total.

El porcentaje de edificios con la peor calificación posible en estas seis comunidades autónomas se sitúa por encima de la media nacional, que es del 82%. Esto significa que ocho de cada diez edificios en España cuentan con una calificación E, F y G, o lo que es lo mismo, consumen más recursos de los necesarios para alcanzar unos niveles óptimos de servicio y confort.

Envejecido e ineficiente

La CEE evalúa la eficiencia de un edificio, analizando sus emisiones de CO2 y su consumo energético, en una escala que va de la A —calificación más eficiente— a la G —la menos eficiente—. Desde el 1 de junio de 2013 es obligatorio poner este documento a disposición de los compradores o usuarios de los edificios.

En la actualidad, la mitad del parque edificado español se construyó antes de 1980 sin normativa de eficiencia alguna. De hecho, el sector de la edificación es responsable en España del 30,1% del consumo de energía final y del 25,1% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, tal y como se recoge en la Hoja de ruta del proyecto Building Life: “Las CEE nos demuestran que el envejecido parque edificado español es muy poco eficiente y que es imprescindible aplicar herramientas tan eficaces como las rehabilitaciones en profundidad para mejorar su comportamiento energético”, explican desde el proyecto.

El Gobierno de España ha destinado 6.820 millones de euros hasta 2023 —procedentes de los Fondos Next Generation de la UE— para la regeneración urbana y la rehabilitación de viviendas. El requisito principal para acceder a estas ayudas es demostrar que las inversiones en edificación son sostenibles: “Bruselas ha establecido una Taxonomía Europea, un reglamento que establece una clasificación, que fija los criterios para determinar si una actividad económica se puede considerar sostenible”, añade Borja Izaola, coordinador del proyecto LIFE Levels.