RTVE tendrá que abonar a su plantilla 1,54 millones de euros como parte de la subida salarial de un 1% pendiente desde hace un año, según ha dictado la Audiencia Nacional tras la demanda de los sindicatos USO y SI.

"Se han recibido los informes favorables del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, así como de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresa Públicas que convalidan  el preacuerdo de fecha 23.03.2017 alcanzado en el seno de la ésta Comisión Paritaria, sobre la aplicación del incremento salarial previsto para 2016, por lo que la empresa procederá a incluir en la nómina del mes de junio el abono de las cantidades que correspondan", die esta sentencia.

De esta forma, la Corporación tendrá que abonar a sus 6.337 empleados los atrasos desde el 1 de enero de 2016 a razón de 244 euros por trabajador (14,37 euros al mes), lo que equivale a un desembolso de 1,54 millones de euros.

La subida de 2016 requirió diez meses de conversaciones entre la empresa y los sindicatos para alcanzar un discutido acuerdo, firmado en noviembre y aplicado en diciembre con carácter retroactivo.

Sin embargo, SI y USO advirtieron que, mientras los miembros de la dirección recibían todo el incremento estipulado por Hacienda, en el caso de la plantilla se quedaba reducido a la mitad (0,55%).

Esto se debía a que desde RTVE y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO se entendía que en esta subida no tenían cabida los saltos de nivel como consecuencia de la formación recibida para sus puestos.

El plan de la SEPI

Como ya publicamos, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), principal accionista de RTVE, ha criticado que los costes de personal de RTVE (380 millones de euros) se comen el 42,78% del presupuesto anual de la radio televisión pública.

La solución, en su opinión, pasaría por articular un “Plan Estratégico o Plan de Futuro de la Corporación” que, entre otros retos, resuelva “una configuración operativa que no responde a las necesidades actuales de una empresa de comunicación y que en algún momento tendrá que abordarse adaptando su estructura y recursos”.

Es decir, la Sepi hacía una alusión indirecta a un nuevo proceso de despido colectivo que podría afectar a un mínimo de unos 2.000 trabajadores como punto de partida, según algunas estimaciones.