Adrián Sarasa .
Ya es casi como un culebrón de verano. Todos los años se reproduce una tragedia humana y un esperpento político agotador y denigrante.
Y cada vez, el mismo guion: la lucha política encarnizada entre gobierno y oposición, mientras España, la de verdad, la que paga impuestos y ve cómo sus servicios públicos se saturan, su seguridad se resiente y su prosperidad se evapora, se queda esperando una solución que nunca llega.
Conviene decirlo con claridad, aunque incomode: la responsabilidad de proteger la frontera y de gestionar la inmigración es del Gobierno de España, exclusivamente suya, con independencia de las intenciones de terceros.
Un país que no controla quién entra en su territorio ha renunciado a una de las funciones más elementales del Estado. Echarle la culpa al extranjero, cual dictadura bananera, es cómodo, pero la responsabilidad es española.
Dicho esto, la solución no está en los extremos, por mucho que la lucha política nos intente encajonar en esos términos.
No está en el cierre de fronteras con fuego real, la expulsión total o la violencia como respuesta. Entre otras cosas, además de criterios humanitarios, porque en la mayoría de los casos no se puede expulsar a quien no se sabe de dónde viene: sin papeles, sin país de origen identificable, sin acuerdo de repatriación firmado, la expulsión es un eslogan de mitin, no una política pública. Quien prometa vaciar Ceuta a base de decretos está vendiendo un imposible.
Pero tampoco está en las puertas abiertas ni en el incentivo, consciente o involuntario, a seguir cruzando.
Cada vez que España regulariza sin criterio, cada vez que un menor no acompañado recibe alojamiento y manutención sin ninguna vía de integración real, se envía un mensaje al otro lado del Estrecho: merece la pena intentarlo. Y miles lo intentan, algunos muriendo por el camino, presos de la intemperie o las mafias.
La inmigración no es un problema. El que España, no sea capaz de garantizar la seguridad de sus fronteras, que son las de Europa, ni tampoco filtrar a los que llegan, que no son un grupo homogéneo, sino una mezcla entre necesitados, aventureros y delincuentes, son los verdaderos problemas.
La solución práctica exige abordar el problema en sus tres frentes: la frontera, el origen y la integración.
La frontera hay que blindarla junto a Europa, no en solitario. Frontex, acuerdos bilaterales serios con Marruecos y Mauritania, y tecnología de vigilancia son inversiones, no gastos. Un país que no sabe cuántas personas cruzan su límite territorial no puede planificar nada de lo que viene después.
El origen es la parte que casi nadie quiere abordar porque no da votos a corto plazo. Las ayudas en origen, bien diseñadas y controladas, no son limosnas que acaban en manos de dictadores socialistas locales o en ONG con difícil auditoria: son inversión en que Senegal, Mali o Guinea generen oportunidades suficientes para que emigrar deje de ser la única salida.
Y además hay una herramienta infrautilizada: convenios de colaboración público-privada, con las embajadas españolas como eje, para montar auténticas agencias de captación de los profesionales que España necesita —sanidad, construcción, agricultura, cuidados—.
Inmigración legal, con contrato firmado antes de pisar suelo español. Se acaba el negocio de la mafia y se llena el hueco de mano de obra que hoy nadie cubre.
Y luego está la integración, el eslabón que el sistema actual ignora por completo. El problema de fondo con los “menas” y los inmigrantes irregulares no es que hayan venido: es que, una vez aquí, no tienen ninguna vía real de integrarse.
Solo subsidio, tiempo libre ilimitado y alojamientos hacinados que se convierten en guetos urbanos, caldo de cultivo perfecto para la delincuencia y el resentimiento mutuo.
Una solución práctica, que ya funciona parcialmente en algunas comarcas, es la dispersión pactada con los municipios rurales.
España tiene cientos de pueblos con viviendas vacías y una necesidad brutal de manos: cuidar a los mayores que ya no tienen quién los atienda, mantener servicios municipales, levantar negocios, limpiar el monte antes de que arda otro verano. Insertar a esa población en esos territorios, con contrato, con tutela, fraccionados y con obligaciones claras, no es solo humano: es la única forma de convertir una carga en un activo.
Nada de esto es sencillo. Nada de esto cabe en un titular de veinte segundos. Pero es lo único que funciona: seguridad de frontera compartida con Europa, inmigración legal y filtrada según lo que España necesita, e integración real en lugar de subsidio y abandono.
El Gobierno lleva años prefiriendo la gestión de la emergencia y el ventajismo político a la gestión. Cada imagen de Ceuta desbordada es, en el fondo, la confesión de que nadie ha hecho los deberes con tiempo. España necesita inmigración. Lo que no puede seguir permitiéndose es improvisarla.
Esperemos que futuros gobiernos trabajen por atajar el problema antes de que sea tarde, o la sociedad colapse.
