Jorge Villarroya.
Hay una escena que se repite en muchas ciudades europeas: jóvenes de treinta años, titulados, con empleo y responsabilidades profesionales, que siguen viviendo en la habitación de su adolescencia.
No porque hayan renunciado a la independencia, sino porque la puerta de entrada a una vivienda propia se ha convertido en una frontera económica casi infranqueable.
La Europa que prometió progreso, movilidad social y autonomía personal observa cómo una parte de su juventud descubre que trabajar ya no garantiza poder construir una vida independiente.
La crisis de la vivienda se ha convertido en una de las grandes contradicciones del proyecto europeo.
Nunca una generación había estado tan preparada; nunca había tenido tanta formación, tanta capacidad tecnológica y tanta apertura al mundo. Y, sin embargo, para millones de jóvenes, el futuro comienza con una pregunta básica: ¿dónde vivir?
No estamos ante una simple crisis de precios ni ante un desequilibrio temporal provocado por los ciclos económicos. La situación actual es el resultado de décadas de decisiones insuficientes y de una ausencia de estrategia a largo plazo.
Europa ha permitido que la vivienda oscile entre dos concepciones incompatibles: ser un derecho esencial para la estabilidad social o convertirse en un activo financiero sometido principalmente a las lógicas del mercado.
Durante años, los gobiernos europeos han confiado en que la oferta terminaría ajustándose a la demanda.
Pero la realidad ha demostrado lo contrario.
El crecimiento de las grandes áreas urbanas, los cambios demográficos, la concentración del empleo y la llegada de nuevos habitantes a las ciudades han incrementado una demanda que la construcción no ha sabido responder.
El mercado del alquiler es hoy el lugar donde esta contradicción se hace más visible. En numerosas ciudades europeas, los salarios de los jóvenes han quedado muy por detrás de la evolución de los alquileres.
Compartir vivienda durante largos periodos, aceptar trayectos agotadores o retrasar la emancipación familiar se han convertido en estrategias obligadas para una generación que observa cómo el esfuerzo personal pierde capacidad de transformar su destino.
La vivienda no es solamente un espacio físico. Es la condición desde la que una persona puede proyectar su existencia: formar una familia, comprometerse con una comunidad, participar plenamente en la sociedad.
Cuando esa posibilidad se retrasa indefinidamente, la frustración deja de ser individual y se convierte en un fenómeno político.
Europa afronta además un problema que durante demasiado tiempo ha permanecido en segundo plano: la falta de transformación industrial del sector de la construcción.
Mientras otros sectores han incorporado innovación, automatización y nuevos métodos de producción, la vivienda continúa dependiendo de procesos lentos, fragmentados y con una productividad insuficiente.
Europa necesita construir más viviendas, pero también necesita una nueva industria capaz de hacerlo.
A esta dificultad se suma la escasez de mano de obra cualificada. La falta de profesionales de la construcción, la rehabilitación y los oficios técnicos limita cualquier ambición política.
No basta con anunciar planes de vivienda: hacen falta trabajadores, formación, tecnología y una visión industrial coherente.
Las consecuencias sociales de esta crisis son profundas. Una generación que percibe que el esfuerzo ya no conduce necesariamente a la autonomía puede empezar a desconfiar de las instituciones que prometieron igualdad de oportunidades.
Cuando una sociedad pierde la esperanza de ascender, aparecen discursos que ofrecen explicaciones sencillas y soluciones radicales a problemas complejos.
Algunos movimientos políticos intentan canalizar esta frustración señalando a determinados grupos sociales como responsables de una competencia por recursos escasos. Pero el verdadero desafío europeo no es enfrentar a quienes buscan una vivienda contra quienes también la necesitan.
El desafío es preguntarse por qué las políticas públicas han permitido que la escasez se convierta en una fuente permanente de tensión social.
La crisis de la vivienda revela una crisis más amplia: la dificultad de los gobiernos europeos para pensar más allá del corto plazo.
Durante demasiado tiempo, la política de vivienda ha sido gestionada como una sucesión de urgencias, anuncios y respuestas parciales, cuando exigía una estrategia comparable a los grandes proyectos industriales del continente. La responsabilidad de los dirigentes no es únicamente administrar el presente, sino preparar las condiciones materiales del futuro.
Como recordaba la filósofa francesa Simone Weil, una sociedad demuestra el valor de sus principios por la atención que presta a las necesidades concretas de las personas.
Europa ha construido un admirable edificio jurídico y político basado en la dignidad humana, pero esa dignidad pierde fuerza cuando una parte de sus jóvenes siente que no puede acceder a una vida autónoma.
La vivienda debe volver al centro del proyecto europeo.
No como una mercancía más, sino como una infraestructura de libertad. Los ciudadanos no juzgan a sus democracias únicamente por sus discursos, sino por su capacidad de ofrecer respuestas a las dificultades reales.
Si Europa quiere conservar la confianza de las nuevas generaciones, debe demostrar que sus promesas todavía pueden convertirse en realidad.
Porque una juventud sin casa no solo pierde un lugar donde vivir: corre el riesgo de perder también la fe en el futuro común.
Jorge Villarroya Greswchuhna, presidente de la Fundación Basilio Paraíso, de la Cámara de Comercio de Zaragoza
