Antonio Calvo Rodrigo.
La reciente escalada del conflicto en Irán ha vuelto a poner en jaque a los mercados energéticos internacionales.
Como ya ocurrió en crisis anteriores, la incertidumbre geopolítica se traduce de forma casi inmediata en un encarecimiento del petróleo y del gas, y ese incremento acaba trasladándose, sin filtros, a la economía doméstica. Pero si hay un ámbito donde este impacto se percibe de manera especialmente directa es en las comunidades de propietarios.
En España, miles de comunidades dependen todavía de sistemas centralizados de calefacción basados en gas o gasóleo. Son edificios construidos en décadas pasadas, donde la eficiencia energética no era una prioridad y donde la sustitución de sistemas supone inversiones importantes que no siempre son viables a corto plazo. En este contexto, cualquier subida del precio de la energía se convierte en un problema inmediato, tangible y difícil de gestionar.
El gas natural, que en los últimos años había ofrecido cierta estabilidad, vuelve a tensionarse. Los contratos de suministro, que en muchos casos se revisan periódicamente, están reflejando ya incrementos significativos. Lo mismo ocurre con el gasóleo de calefacción, cuya cotización está estrechamente vinculada al precio del crudo.
El resultado es claro: comunidades que hace apenas un año manejaban presupuestos relativamente previsibles se enfrentan ahora a desviaciones económicas importantes.
Estas desviaciones no son menores. En muchos casos, el coste energético representa una de las partidas más elevadas del presupuesto comunitario. Un incremento del 20%, 30% o incluso más en el precio del combustible obliga a replantear cuotas, aprobar derramas o reducir servicios. Y todo ello en un momento en el que muchas economías familiares siguen tensionadas por la inflación acumulada de los últimos años.
El problema no se limita únicamente a la calefacción. El encarecimiento de la energía tiene un efecto en cadena que afecta a todos los servicios de las comunidades. Suben los costes de mantenimiento, de limpieza, de ascensores, de reparaciones… porque todo, absolutamente todo, depende en mayor o menor medida del consumo energético o del transporte. Es una cadena cerrada en la que cada eslabón empuja al siguiente.
Y, sin embargo, ante esta situación, la respuesta del Gobierno central vuelve a ser, como mínimo, insuficiente. Desde el primer momento en que comenzaron a tensionarse los precios, debería haberse actuado con contundencia mediante la reducción de impuestos sobre la energía. No se trata de una medida extraordinaria, sino de una herramienta básica para amortiguar el impacto en ciudadanos y empresas.
Reducir el IVA del gas, del gasóleo de calefacción o de los combustibles en general habría sido una señal clara de apoyo a familias, comunidades y sectores clave como el transporte. Habría contribuido, además, a contener la inflación, evitando que el incremento de costes se trasladase de forma tan directa al conjunto de la economía.
Pero no ha sido así. El Gobierno ha optado, una vez más, por mantenerse al margen en los momentos iniciales, permitiendo que la recaudación aumente a medida que suben los precios. Porque conviene no olvidarlo: cuando el precio de la energía sube, también lo hace la recaudación fiscal asociada. Es una realidad incómoda, pero evidente.
Posteriormente, cuando la presión social y económica se hace insostenible, llegan las anunciadas “medidas de apoyo”. Rebajas fiscales parciales, ayudas puntuales, medidas que en muchos casos llegan tarde y se quedan cortas. Migajas que, aunque se presenten como grandes esfuerzos, no compensan el impacto sufrido durante los meses más críticos.
Esta forma de actuar genera una doble frustración. Por un lado, la de quienes han tenido que asumir incrementos de costes sin ningún tipo de respaldo en el momento en que más lo necesitaban. Por otro, la sensación de que las medidas adoptadas responden más a una estrategia de comunicación que a una verdadera voluntad de solucionar el problema.
Mientras tanto, las comunidades de propietarios siguen haciendo equilibrios. Administradores que rehacen presupuestos, juntas que debaten cómo repartir el impacto, vecinos que ven cómo sus cuotas suben sin margen de maniobra. Y todo ello en un contexto en el que, además, muchos trabajadores dependen del uso diario del vehículo, los transportistas ven disparados sus costes y, en definitiva, toda la economía se resiente.
Porque el encarecimiento de la energía no es un problema aislado. Es el origen de una cadena de incrementos que afecta a bienes y servicios de todo tipo. Alimentación, transporte, suministros… todo acaba subiendo. Y, con ello, la inflación, que vuelve a convertirse en una amenaza real para la estabilidad económica.
La guerra en Irán es un factor externo, imposible de controlar desde España. Pero las consecuencias internas sí pueden gestionarse. Y ahí es donde se echa en falta una actuación más decidida, más ágil y más orientada a proteger a quienes realmente soportan el peso de estas crisis: los ciudadanos.
Las comunidades de propietarios son, en este sentido, un termómetro perfecto de lo que está ocurriendo. Cuando sus cuentas se tensionan, es porque la economía real lo está haciendo también. Ignorar esa señal o reaccionar tarde no solo agrava el problema, sino que multiplica sus efectos.
En definitiva, estamos ante una situación que exige anticipación, responsabilidad y medidas eficaces. No basta con intervenir cuando el daño ya está hecho. La política energética —y fiscal— debe estar al servicio de la estabilidad económica, no de la recaudación oportunista. Porque, de lo contrario, serán siempre los mismos quienes paguen las consecuencias.
Antonio Calvo Rodrigo.
Secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón
