Prohibir sin educar: el espejismo de la salvación digital
A veces, las decisiones políticas llegan envueltas en un aura de contundencia que parece resolver problemas de un plumazo.
La propuesta anunciada el martes por Pedro Sánchez en Dubái (prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años) es uno de esos movimientos que generan titulares rápidos y debates encendidos.
Según el presidente, se trata de una medida para proteger a los menores frente a un “salvaje oeste digital” en el que, asegura, se ignoran las leyes y proliferan contenidos dañinos. Y conviene reconocerlo: en parte tiene razón. Pero solo en parte.
La idea de establecer un límite de edad más estricto no es descabellada. Países como Australia o Francia ya han avanzado en la misma dirección, con prohibiciones o restricciones similares, y España se suma ahora a ese grupo cada vez más amplio que reclama controles efectivos para frenar la exposición temprana de los menores a contenidos violentos, tóxicos o directamente ilegales.
En el anuncio se insiste en que las plataformas deberán implantar sistemas de verificación de edad “reales”, no simples casillas que cualquier adolescente sortea con la misma facilidad con la que mentía sobre su edad para entrar a una discoteca en los 90. Hasta ahí, de acuerdo: poner orden en un territorio descuidado durante demasiado tiempo es necesario.
Pero, siempre hay un pero, prohibir no es lo mismo que educar. Y aquí es donde empiezan las reservas. La exposición de los menores a los riesgos digitales no depende solamente de su edad, sino de su capacidad crítica, de su alfabetización mediática y del contexto educativo en el que aprenden a interpretar lo que ven, lo que comparten y lo que creen. Sin esto, cualquier prohibición es un dique de arena frente al mar.
No deja de ser curioso que, mientras el debate se centra en los menores, los adultos sigamos haciendo scroll infinito como si no hubiera un mañana.
De hecho, si se tratara de proteger al conjunto de la sociedad de la desinformación, las burbujas ideológicas o las discusiones tóxicas, quizá la medida más efectiva (y aquí viene la ironía, por si acaso no queda claro) sería prohibir las redes sociales también para los mayores de 16 años.
Sí, adultos incluidos. Especialmente para nosotros, que llevamos años dando muestras sobradas de no saber utilizarlas correctamente (insisto que es ironía, por si algún legislador está tomando notas demasiado deprisa).
La cuestión de fondo es que, si no reforzamos la alfabetización mediática, cualquier regulación será una solución temporal. Y aquí conviene reconocer el trabajo silencioso que están realizando muchas asociaciones de periodistas en España (como la de Aragón) para promover ese pensamiento crítico que el ecosistema digital exige.
Si hablamos de instituciones académicas, la Universidad San Jorge lleva años impulsando programas que enseñan a los jóvenes a interpretar mensajes, detectar bulos, comprender algoritmos y navegar por la complejidad informativa sin naufragar. Esta labor no sale en los informativos, pero es clave para construir ciudadanos digitales responsables.
Porque la verdadera protección no está en levantar barreras, sino en enseñar a manejarse en la vida. Si un adolescente aprende desde pequeño cómo funciona la desinformación, qué es un sesgo de confirmación, por qué un vídeo viral no es una prueba y cómo operan los algoritmos que moldean su atención, entonces sí podrá moverse en redes sin ser presa fácil. Sin ese aprendizaje, prohibir hasta los 16 solo traslada el problema un par de cursos hacia adelante.
La propuesta del Gobierno nace de un diagnóstico real: las redes sociales pueden ser entornos dañinos y las plataformas han operado durante años con un nivel de responsabilidad bajísimo. Sánchez incluso ha hablado de ellas como un “estado fallido” donde proliferan delitos y contenidos ilegales. Y tiene sentido endurecer las exigencias a estas empresas. Pero para proteger a los menores y, de paso, al conjunto de la ciudadanía hace falta algo más profundo: un compromiso educativo firme.
La alfabetización mediática no puede seguir siendo una actividad puntual, un proyecto piloto o una optativa simpática.
Debe ser una estructura de base, un pilar del currículo educativo, una competencia transversal equiparable a la comprensión lectora o a las matemáticas. Solo así nuestros jóvenes dejarán de ser carne de cañón frente a la manipulación digital.
Prohibir puede ser un comienzo; educar es el camino. Y si además conseguimos que algún adulto revise su propia dieta informativa, mejor que mejor. Ironías aparte.
