Bermúdez de Castro en Consejo de Gobierno DGA
El Gobierno de Sánchez recorta otros 5 millones a Aragón en la liquidación definitiva de 2023
El Ejecutivo autonómico no descarta acudir a los tribunales para revertir esta situación y exigirá una revisión detallada de los cálculos utilizados.
El Gobierno de Aragón ha expresado su profundo malestar ante los datos definitivos de la liquidación del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas correspondiente al ejercicio 2023, conocidos en el día de hoy, que confirman un nuevo recorte arbitrario de los recursos asignados a esta Comunidad.
Según la información remitida por el Ministerio de Hacienda, Aragón recibirá 120,8 millones de euros, frente a los 125,7 millones anunciados hace un año, lo que supone una nueva minoración en los fondos que corresponden legítimamente a la Comunidad.
Este recorte no es un hecho aislado, por lo que el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado este miércoles su indignación tras conocer que esta liquidación supone una merma de 4,9 millones respecto a lo anunciado por el Gobierno central.
Este nuevo ajuste se suma a una serie de recortes sucesivos que el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha venido aplicando en cada actualización de los recursos destinados a Aragón.
Desde el Ejecutivo aragonés recuerdan que el pasado mes de junio, el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros para actualizar las entregas a cuenta de 2025 ya supuso un recorte adicional de 7 millones de euros, que fue denunciado públicamente.
Además, la consejería de Bermúdez de Castro denuncia que los datos anunciados por el Ministerio en 2024 implicaban un trato desigual ya que solo Aragón y Extremadura vieron reducidos sus ingresos, aunque la caída fue especialmente acusada en nuestra comunidad, con un descenso del 1,7%. Mientras tanto, el resto de comunidades experimentaron un incremento medio del 2,56%.
En total, los recortes aplicados por el Gobierno central a la Comunidad ascienden ya a 97,5 millones de euros en 2025 respecto a los recursos recibidos en 2024, lo que representa un grave perjuicio para la financiación de los servicios públicos esenciales que presta el Gobierno de Aragón.
“Esto es un auténtico atropello a los intereses de Aragón. Mientras con una mano entregan la Hacienda pública a Cataluña, con la otra recortan a Aragón 100 millones de euros”, ha afirmado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.
Por todo ello, el Ejecutivo autonómico no descarta acudir a los tribunales para revertir esta situación y exigirá una revisión detallada de los cálculos utilizados, ante las importantes diferencias de criterio detectadas.
A esta situación se suma el incumplimiento del compromiso de ingreso de los atrasos de las entregas a cuenta, que el Ministerio había anunciado para el 18 de julio y que ascienden a 61,5 millones de euros mensuales. Ahora se pospone dicho ingreso al 30 de julio, sin ofrecer explicaciones ni garantías.
Reclamada la previsión de ingresos para 2026
Por otro lado, el ministerio no ha facilitado aún la previsión de ingresos del Sistema de Financiación Autonómica para 2026, un dato imprescindible para fijar el techo de gasto y elaborar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. El consejero de Hacienda, de hecho, reclamó este martes esta información por carta a la ministra Montero, sin haber obtenido respuesta por el momento.
Bermúdez de Castro reclama “la remisión urgente de la información relativa a las entregas a cuenta del ejercicio 2026, así como la previsión de la liquidación correspondiente a 2024”. “No existe razón objetiva para no comunicar los importes provisionales de forma inmediata”, afirma el titular de Hacienda en la misiva, en la que recuerda que estos datos son “imprescindibles para fijar el techo de gasto autonómico del ejercicio 2026”.
Una vez más, desde el Gobierno de Aragón se entiende que los hechos evidencian la urgente necesidad de reformar el Sistema de Financiación Autonómica, incorporando los criterios de equidad que reivindica Aragón para garantizar un nivel de ingresos justo y suficiente, que permita mantener los servicios públicos fundamentales.