Teresa Ladrero y el concejal Alfonso Mendoza.
Ayuntamiento y DPZ se citan en pleno agosto para resolver el lío del convenio de los barrios rurales y evitar la vía judicial
La Diputación insiste en que hay que liquidar el convenio 2021-2024 y el Consistorio pide empezar a hablar del siguiente para desbloquear las obras.
Más información: La DPZ llevará a Chueca a los tribunales si no devuelve los 2 millones no ejecutados por las obras de los barrios rurales.
El Ayuntamiento de Zaragoza (PP) y la Diputación Provincial (PSOE) se han citado en pleno agosto para intentar resolver el lío con el convenio de las obras en los barrios rurales.
Teresa Ladrero se verá con los representantes municipales el próximo día 19 con dos puntos en el orden del día: aclarar el embrollo con los fondos correspondientes al periodo 2021-2024 y empezar a hablar de un nuevo convenio.
Este segundo punto habría sido incluido por petición expresa del Consistorio, que insiste en que la Diputación 'le debe' 4 millones de euros que debería haber abonado hace dos años.
Las dos instituciones llevan meses acusándose mutuamente de incumplir lo pactado y amenazando con ir a los tribunales.
Para la Diputación, es el Consistorio el que 'adeuda' 2 millones de euros por las obras no ejecutadas, una cantidad que demuestra, en su opinión, una gestión "absolutamente deficiente" de los fondos.
Semejante punto de partida hace que no haya excesivas esperanzas puestas en la reunión de mediados de mes. Y más con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, aunque intentarse, se intentará.
En 2027, los socialistas se juegan retener la DPZ, la única gran institución en la que gobiernan en Aragón tras el batacazo electoral de 2023. Esto ha hecho que se haya convertido en su principal ariete contra el PP, que aspira a hacerse con la institución provincial y a seguir llevando el bastón de mando de la capital.
Ladrero propuso inicialmente verse el 27 o 28 de julio, pero al coincidir con el pleno del Ayuntamiento hubo que buscar una fecha alternativa y tras muchas vueltas, el 19 de agosto ha quedado marcado en la agenda.
Salvo cambio de última hora, la reunión se celebrará en la propia Diputación.
El primer punto y principal del orden del día será liquidar el convenio de 2021-2024. Es el gran punto de fricción y si no se desencalla no se hablará de nada más.
Ya en el convenio de 2017 a 2019 se dejaron sin ejecutar 1,5 millones de euros. De ellos, 764.000 han sido devueltos y 732.000 están en vías de reclamación.
La Diputación quiere que Chueca reconozca que no tiene derecho a recibir los 4 millones no transferidos en 2024.
Y advierte, además, de que si no se devuelven esos 2 millones de euros no se podrá iniciar la negociación de un nuevo convenio, pero no parece que el Ayuntamiento esté dispuesto a ceder.
Desde la plaza del Pilar insisten en que todas las obras están hechas y que el dinero transferido se ha gastado "al 100%".
Concretamente, aseguran haber ejecutado 8,1 millones de euros entre actuaciones pendientes del convenio anterior y obras nuevas.
"Decir que debemos 2 millones es una desvergüenza. Es reírse de los zaragozanos", afirmaba la concejala delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, que en esta lucha ha estado acompañada por el concejal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza.
Las incógnitas del nuevo convenio
En estos momentos, la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial en materia de obras en barrios rurales está totalmente paralizada.
Esto ha obligado al Consistorio a echar mano de fondos propios para hacer mejoras en estos 14 puntos de la ciudad.
Históricamente, estos acuerdos a dos se venían prorrogando antes de vencer el plazo sin mayores polémicas ni contratiempos. Sin embargo, el último no se amplió y terminó decayendo el 1 de enero de 2025 sin ni siquiera haberse celebrado la comisión de seguimiento.
Esto impidió llevar a cabo las obras no iniciadas, enfadando sobremanera a los principales alcaldes pedáneos.
Para la DPZ, el tapón es por voluntad política. "O son incompetentes para gestionar o hay mala fe", llegó a asegurar la vicepresidenta, que culpa directamente a Natalia Chueca.
Como ejemplo ponía la situación de los barrios rurales de Montañana, en el que apenas se han invertido 60.000 euros, o Juslibol, donde no ha llegado ni un euro.
Las dos partes se han acusado de mentir con las cifras. Ambas dicen tener todo documentado y si no llegan a entenderse, hablará el juez.
Todo por decidir
La parálisis en los barrios rurales se desbloquearía con un nuevo convenio, pero es que ni siquiera se tiene claro si esta será la fórmula que se seguiría en caso de acuerdo.
Aunque el Ayuntamiento se decanta por continuar como hasta ahora, la propia Teresa Ladrero apuntó a mediados de julio a la posibilidad de sustituir el convenio por un plan de ayudas "más garantista" centrado en las obras de interés general.
"El Ayuntamiento quiere que pongamos la luz, el agua y los tornillos, y no estamos para eso", declaró entonces.
Si hay acuerdo, la DPZ se ha comprometido públicamente a hacer una modificación presupuestaria de urgencia para que las obras vuelvan a los barrios rurales cuanto antes "con la cuantía que se considere".
En estos momentos, no obstante, ni siquiera se sabe a cuánto ascendería ese convenio o plan de ayudas ni cuáles sería su duración y sus condiciones. "Está todo por decidir. Por el momento no se ha hablado ni de cuantías ni de nada", reconocen las dos partes.
Para unos y otros, este podría ser el último intento antes de que el conflicto termine en manos del juzgado de lo contencioso-administrativo, un escenario que tensaría, más si cabe, la mala relación entre las dos instituciones.
