Imagen de archivo de una calle del barrio del Gancho, en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza
Zaragoza revisará la seguridad y conservación de más de 270 edificios en los barrios más degradados de la ciudad
Este plan se llevará a cabo en aproximadamente siete meses con la realización de 230 visitas de inspección por parte de equipos técnicos municipales.
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El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha un Plan Especial de Inspección de Edificios en las zonas de Zamoray, Pignatelli y el Casco Histórico, que abarcará un total de 277 inmuebles. El objetivo principal es evaluar el estado de conservación de los edificios en cuanto a su seguridad y estabilidad, buscando reducir al máximo los riesgos relacionados con el deterioro estructural de los mismos, según ha informado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.
Este plan se llevará a cabo en un período de 30 semanas, aproximadamente siete meses, con la realización de 230 visitas de inspección por parte de equipos técnicos municipales, lo que supone una media de dos inspecciones por técnico cada semana. El trabajo se desarrollará en 14 tramos o áreas del barrio, con un equipo de técnicos compuesto por 4 arquitectos técnicos y 2 arquitectos, junto con personal administrativo y jurídico del Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza.
38 inmuebles iniciales
La inspección, según ha explicado el edil, comenzará en las manzanas entre las calles Agustina de Aragón, Mariano Cerezo, Escopetería, glorieta José Aznárez y calle Mayoral, que incluyen 38 inmuebles, y posteriormente se inspeccionarán los otros 13 sectores, que albergan un total de 277 edificios.
De acuerdo con la legislación vigente, los propietarios son responsables del mantenimiento y conservación de sus inmuebles, lo que incluye garantizar su seguridad, habitabilidad y la conservación de sus servicios e instalaciones comunes. Además, los propietarios están obligados a realizar una Inspección Técnica de Edificios (ITE) cada 50 años, y luego, cada 10 años.
Sin embargo, dada la antigüedad de los edificios en la zona del Plan Especial Zamoray-Pignatelli, las condiciones socioeconómicas del entorno y las preocupaciones planteadas por colectivos vecinales y grupos políticos, el Ayuntamiento ha decidido llevar a cabo un análisis exhaustivo de estos inmuebles.
En palabras de Víctor Serrano, "existen áreas en la ciudad como Zamoray-Pignatelli, donde hay no solo un problema social, sino también una clara dejación por parte de los propietarios en el mantenimiento de sus edificios, lo que pone en riesgo tanto a los residentes como a los viandantes. Ante esta situación, el Ayuntamiento tiene que intervenir de forma preventiva para garantizar la seguridad".
Clasificación y revisión
El consejero ha destacado también que los técnicos municipales han trabajado arduamente en la clasificación y revisión de los inmuebles, lo que servirá de base para las visitas de inspección.
A partir de estas visitas, se emitirán informes que detallarán el estado de cada edificación, identificando las incidencias detectadas y emitiendo órdenes de ejecución para que los propietarios acometan las reparaciones necesarias. Además, se evaluará también el estado de los solares, ya que su falta de conservación puede generar riesgos para las edificaciones cercanas y para el espacio público.
El informe incluirá diversos aspectos, como las características del inmueble, el estado de conservación de sus estructuras, fachadas, cubiertas y redes de saneamiento, y se clasificará el estado de conservación como "favorable" o "desfavorable". Si se detectan deficiencias, se indicarán las medidas inmediatas a adoptar y las obras necesarias para subsanar los problemas.
Finalmente, Víctor Serrano ha recordado el compromiso del Ayuntamiento con la zona de Pignatelli, que "históricamente había sido objeto de desidia y abandono". En los tres años de gestión de este gobierno, se ha invertido cerca de 40 millones de euros en la zona, con proyectos de mejora en infraestructuras, adquisición de suelos, desarrollo de viviendas y colaboración público-privada para la creación de una residencia.