Un piso en alquiler.
La brecha de precios en Zaragoza complica el acceso al alquiler: "La gente está yéndose a municipios cercanos"
El precio del alquiler ronda los 800 euros mensuales, mientras que el presupuesto medio de las familias se sitúa en 700 euros.
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El precio del alquiler es uno de los temas que más debate está generando desde hace tiempo.
Muchos jóvenes buscan un piso que les permita independizarse y encontrar su nuevo hogar, pero el acceso a la vivienda se ha convertido en un reto cada vez mayor.
El informe sobre el mercado inmobiliario en Zaragoza revela un notable desajuste económico, los inquilinos destinan alrededor de 800 euros mensuales al pago del alquiler.
Además, los datos reflejan que las parejas, con o sin hijos, constituyen el perfil mayoritario en el mercado del alquiler zaragozano.
Tras realizar una encuesta de respuesta abierta y opción múltiple, el 65,2 % de las agencias señala a las parejas, con o sin hijos, entre los perfiles de inquilinos más frecuentes, mientras que un 21,7 % menciona a los inquilinos individuales y un 17,4 % a los hogares formados por varias familias.
Asimismo, la información recopilada sitúa la edad media del inquilino en Zaragoza en los 35 años, lo que supone un incremento del 9,72 % respecto a la registrada hace cinco años.
Así lo refleja el estudio sobre el perfil del inquilino y la situación del mercado en la provincia de Zaragoza, elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y la Asociación de Inmobiliarias de Zaragoza.
"El gap cada vez es mayor entre quien necesita una vivienda y quien la pone a disposición. Estamos cerca de los límites de la demanda y la solvencia de las familias tiene un límite que ya está llegando", ha advertido José María Alfaro, Presidente de la FAI.
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En la provincia de Zaragoza, el perfil predominante de quienes acuden al mercado del alquiler corresponde a parejas jóvenes, de aproximadamente 35 años, que buscan consolidar su vivienda habitual. Sin embargo, el acceso al mercado tropieza con una brecha económica cada vez más difícil de asumir.
Mientras que el presupuesto inicial medio con el que las familias buscan piso ronda los 700 euros mensuales, la renta real exigida en la capital se sitúa entre los 800 y los 850 euros de media.
Este desfase, superior a los 100 euros, obliga a los inquilinos a realizar sobreesfuerzos financieros o los deja fuera del mercado.
A esta diferencia de precios se suma el rigor de los criterios de solvencia. Las compañías aseguradoras de impago de alquiler y las entidades de arbitraje establecen como requisito general que la renta no supere el 35 % de los ingresos netos de la unidad familiar.
Con los niveles salariales medios actuales, esta tasa de esfuerzo convierte el alquiler en las áreas urbanas consolidadas en una meta inalcanzable para un porcentaje sustancial de los solicitantes.
"Daos cuenta de que la mayoría de las entidades que aseguran alquileres están pidiendo que el endeudamiento no pase del 35 %. Si extrapoláis, resulta que con un sueldo prácticamente medio en España es imposible alquilar en una gran ciudad o en zonas tensionadas", ha subrayado Alfaro.
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La dificultad para asumir los precios de Zaragoza está provocando que muchos ciudadanos amplíen su búsqueda de vivienda a los municipios colindantes.
Este fenómeno, conocido en los análisis del sector como "efecto mancha de aceite", está trasladando parte de la demanda fuera de la capital.
"Ante la falta de pisos y de precios tan elevados en la capital, estamos viendo un desplazamiento generalizado directo de la demanda. Prácticamente ocho de cada 10 agencias ya estamos constatando que los inquilinos se están viendo empujados a buscar pisos fuera de Zaragoza, derivando más de un 16 % de las búsquedas a municipios vecinos o colindantes", ha señalado Ángela Sebastián, Presidenta de Aportalia.
Localidades situadas en un radio de hasta 20 kilómetros, como Osera, Alfajarín, Cuarte de Huerva o María de Huerva, así como los municipios de las riberas del Ebro bien comunicados por autovía, están experimentando un incremento generalizado de la demanda de alquiler y compraventa.
"Si la demanda no llega, la demanda se desplaza y dice, “Hasta aquí”. Se va haciendo una balsa o mancha de aceite que extiende los precios hacia afuera. Es un efecto muy típico en Madrid, Valencia o Sevilla. Pero irte a la periferia se hace a costa del tiempo de las personas y de los costes", ha expresado el presidente de la FAI.
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A las dificultades económicas se suma la inestabilidad normativa y los constantes cambios legislativos, que generan incertidumbre entre los propietarios y favorecen la retirada de viviendas del mercado del alquiler de larga estancia para destinarlas a la venta o a otros usos. Esta situación también está provocando la paralización de contratos.
"En Zaragoza, entre 150 y 200 viviendas se han paralizado porque se han ido bien al mercado de venta o porque están a la espera de ver qué pasa con las elecciones. Ahora las viviendas ya ni siquiera pasan al alquiler de temporada; directamente se paralizan o pasan a la venta", ha ejemplificado Sebastián.
Plan Recupera
Ante este panorama, los expertos proponen el 'Plan Recupera', una estrategia basada en avales mixtos, incentivos fiscales y la rehabilitación de inmuebles para reactivar el sector.
El Plan Recupera aspira a movilizar 50.000 de estos inmuebles en las principales ciudades españolas, de las cuales entre 2.000 y 2.500 corresponden a la provincia de Zaragoza.
"Cuando se habla de 3 o 4 millones de viviendas vacías en España es un dato inconsistente porque el 80% están en zonas rurales sin demanda. En las zonas demandadas hay unas 300.000 susceptibles de ser recuperadas, y con el Plan Recupera podemos movilizar 50.000 en las principales ciudades españolas y entre 2.000 y 2.500 en la provincia de Zaragoza a corto plazo, mientras la obra nueva tarda entre 4 y 10 años", ha destacado Alfaro.
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Con este plan, se propone establecer un mecanismo de aval mixto del ICO para garantizar los contratos de arrendamiento mediante la colaboración entre aseguradoras privadas y el respaldo de avales públicos del ICO, reduciendo los costes y facilitando el acceso a la vivienda de perfiles vulnerables.
Asimismo, se plantea sustituir las medidas punitivas por incentivos fiscales, aplicando bonificaciones de hasta el 100 % en el IRPF a los propietarios que mantengan contratos de larga estancia durante periodos de entre 8 y 10 años, además de bonificaciones sustanciales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
A estas medidas se sumarían líneas de ayuda a la rehabilitación e higienización, mediante subvenciones directas y créditos blandos destinados a pequeños propietarios para reformar inmuebles antiguos que actualmente no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias para salir al mercado.
![Yolanda Díaz.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11384323.jpg?p=w:320\/h:240&h=h0rTF5Ly"])
Por otro lado, se propone agilizar los cambios de uso mediante la flexibilización de las normativas urbanísticas municipales, permitiendo convertir rápidamente locales comerciales y oficinas desocupadas en unidades residenciales, siguiendo modelos como el plan temporal activado en Madrid.
Finalmente, se plantea impulsar el censado y la colaboración público-privada para identificar las viviendas realmente desocupadas en las ciudades mediante el cruce de datos de suministros. De este modo, se ofrecería a sus titulares seguridad jurídica y garantías administrativas para recuperar la posesión de sus inmuebles en caso de impago.
