Jóvenes y niños en Ceuta, tras la avalancha del jueves.
Aragón cerrará la puerta a los menores extranjeros de Ceuta: Vox aplicará el pacto con el PP para mostrar su rechazo frontal
La Consejería no ha recibido todavía comunicación oficial del Ministerio de Elma Saiz, pero tiene clara cuál va a ser su respuesta.
Más información: Marlaska sube a 72.000 la cifra de migrantes irregulares que entraron a Ceuta y niega la existencia de informes del CNI.
Aragón cerrará la puerta a los menores extranjeros que lleguen de Ceuta. El Gobierno de Pedro Sánchez estaría preparando ya el envío de alrededor de un millar de jóvenes tras la avalancha del jueves, pero ni PP ni Vox están por la labor.
Este martes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz pedía colaboración a las comunidades del PP para facilitar el reparto.
Sin embargo, populares y voxistas tienen claro que Sánchez "ha generado el problema" y es él quien debe resolverlo. "Esto no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad nacional", aseguraban desde el PP nacional.
La comunicación oficial no ha llegado todavía al Pignatelli, pero desde Vox, que es quien tiene las competencias en materia de Inmigración, tienen clara su respuesta.
Los de Abascal se remiten al mensaje publicado hace escasas horas en la cuenta nacional del partido, en el que se dice que los "falsos menas" deben ser deportados y los niños, llevados "a casa con sus padres".
"¡El dinero de los españoles, para los españoles!", remarcan.
Este domingo era el propio vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, quien aseguraba a EL ESPAÑOL que la solidaridad debe centrarse "en los aragoneses y los españoles".
"Ahora mismo, hay miles de aragoneses que no pueden comprar una vivienda o mantener un alquiler, que sufren un colapso en los servicios sociales o en la sanidad consecuencia de la inmigración masiva. Los recursos son finitos y tenemos la obligación de repartirlos prioritariamente para los nuestros, para los de casa. Del mismo modo que en Lituania van primero los lituanos, o en Marruecos van primero los marroquíes. Bajo la palabra solidaridad de Sánchez, lo que realmente se esconde es que pretende justificar una invasión y el asalto a nuestra soberanía nacional e integridad territorial", justificaba.
Vox aplicará el pacto
Aunque prefieren no hablar de supuestos, desde Vox-Aragón aseguran que, una vez llegue la comunicación, lo que harán será aplicar el Pacto de Gobierno.
En él, PP y Vox hablan de un "rechazo frontal" a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, a la Comunidad.
"El Gobierno de Aragón rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. No participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Aragón", dice exactamente el documento.
Todo esto, dentro de la ley y las competencias de la comunidad autónoma.
¿Qué puede ocurrir entonces? El propio Nolasco reconocía en su entrevista a EL ESPAÑOL que en estos últimos meses han seguido llegando menores extranjeros.
"El Gobierno sigue repartiendo a estos supuestos menores, algunos sí, algunos no, como fardos y vamos a hacer todo lo que podamos para que vuelvan", afirmaba.
Con este nuevo reparto, Aragón asumiría por imperativo legal un número por ahora indeterminado de menores extranjeros llegados desde Ceuta. Pero esto no quiere decir que vaya a quedarse de brazos cruzados.
Meses atrás, lo que se hizo desde la DGA es presentar recursos a todos los pasos que se iban dando desde La Moncloa.
Las consecuencias de esas medidas se han visto recientemente. Este pasado mes de junio, la vicepresidenta Mar Vaquero anunciaba que la Justicia había anulado el traslado de un menor extranjero a Aragón "por falta de motivación y criterios arbitrarios".
"Este reparto que viene haciendo el Gobierno de España falta a los principios de igualdad, de solidaridad y conculca nuestro Estado de Derecho", declaraba entonces.
Polémica con las titulaciones
El reparto de menores no es la única polémica de este martes de agosto. Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han rechazado de forma rotunda y unánime la última Orden del vicepresidente, que permite, de forma excepcional y transitoria, que los centros de menores "contraten personal sin la titulación específicamente exigida de Educador Social".
Esto, dicen los sindicatos, implica admitir títulos universitarios de Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio de Infantil o Primaria, siempre que acrediten experiencia equivalente y declaren el puesto de "difícil cobertura" tras un proceso en el Inaem.
Para estos colectivos, la medida "degrada la calidad de la atención socioeducativa a menores especialmente vulnerables y prioriza el interés de las empresas adjudicatarias sobre la profesionalización y la seguridad de los jóvenes tutelados".
Sin embargo, desde el Departamento desmienten que se esté abriendo la puerta al intrusismo laboral, ya que "ningún educador social se va a ver perjudicado o a quedarse fuera de un empleo a consecuencia de esta Orden".
"Deja claro que solo se recurrirá a esas otras titulaciones universitarias una vez que el correspondiente proceso de selección a través del Inaem ha concluido sin haber podido cubrir el puesto de trabajo. Es decir, una vez que se agotan todas las vías y no se ha cubierto el puesto", aclaran.
