Aerogeneradores de Forestalia
Duro revés al Inaga de Lambán por su falta de control de las renovables: "Es una controversia institucional de primer orden"
La Cámara de Cuentas denuncia un "déficit sistémico" en la trazabilidad de los expedientes bajo la sombra del 'caso Forestalia'
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Falta de trazabilidad y transparencia, de identificación de grupos empresariales o de supervisión de las consultoras. Son algunas de las deficiencias que la Cámara de Cuentas ha identificado al analizar los expedientes del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) entre 2022 y 2023, periodo que se encuentra en investigación judicial dentro del ‘caso Forestalia’.
El director de la Cámara de Cuentas, Jesús Royo, ha presentado en las Cortes su informe sobre la gestión del Inaga, liderado entonces por el socialista Jesús Lobera, uno de los nombres marcados en rojo por el juez dentro de la trama de presunta corrupción en la tramitación de renovables.
Según Royo, el Inaga no contaba con una base de datos “limpia y completa”, lo que ha obligado a la Cámara no solo a analizar los expedientes, sino a “reconstruirlos”.
“No basta decir que se tramitaron muchos expedientes, sino que la información facilitada no permitía conocer con fiabilidad qué se había tramitado, con qué tasas, con qué conexiones y qué estructura empresarial. Esto es una controversia institucional de primer orden”, ha advertido Royo.
Para la Cámara de Cuentas, se ha producido un “déficit sistémico en la trazabilidad” de los expedientes, algo que hubiera permitido comprobar el cumplimiento de plazos, la corrección de tasas, la identidad de promotor, la fragmentación de proyectos y posibles conflictos de interés. Sin ello, dice, “se imposibilita” el control interno y externo.
“El sistema debería permitir una trazabilidad impecable, y el informe habla de datos incompletos, expedientes no incluidos y falta de conexión clara entre expedientes de un mismo proyecto. Hay criterios no documentados, promotores sin identificación de grupo empresarial, declaraciones de compatibilidad ausentes o debilitadas, informes sin firma electrónica, y ausencia de constancia de supervisión interna”, exponen.
Desde la Cámara de Cuentas apuntan también a la falta de identificación de los grupos empresariales, algo de una “importancia capital” ante la alta externalización hacia consultoras externas. Además, tampoco hay constancia de que esos informes fueran supervisados.
“Si el informe externo coincide plenamente con el borrador de resolución, y no hay constancia de la revisión interna, ¿cómo se acredita que ejerció una supervisión real, autónoma y suficiente? Son debilidades administrativas que dificultan acabar con las dudas generadas en torno a las renovables. Es una alerta sobre controles insuficientes”, ha afirmado Royo ante los grupos parlamentarios.
Y es que la Cámara detecta un problema estructural, como la “elevada dependencia de consultores externos”. “Claro que la administración puede apoyarse en consultores, pero no desaparecer detrás de ellos”, sostiene.
Ello se ve en los datos. De 377 proyectos principales analizados, 18 grupos empresariales concentran el 64% de los expedientes y el 75% de la potencia. En concreto, Bruc controla 51 proyectos y Forestalia 42, si bien 23 proyectos de Bruc procederían de Forestalia.
“Identificar al grupo empresarial no era un detalle, sino algo imprescindible para atender la realidad de los expedientes y declaraciones de compatibilidad”, apunta Jesús Royo.
Esta concentración, añade, no se traduce de por sí en un “trato de favor”, reconociendo que el sector energético tiene amplias barreras económicas de entrada, pero siempre que se sea “exigente en los controles”.
“Puede llegar a influir en la regulación, impedir la entrada de nuevos actores o llevar a prácticas anticompetitivas. No es intentar señalar a nadie, sino preguntarse si la administración estaba preparada para controlar un mercado tan concentrado”, concluye.
