La ministra Elma Sainz junto a Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón. Zaragoza
Elma Saiz defiende que la regularización masiva avanza "con normalidad" y descarta ampliar plazos
Las entidades sociales de Aragón le han transmitido todas las dudas sobre el proceso a la ministra en una reunión celebrada este miércoles en Zaragoza.
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El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes avanza "según lo previsto". Así lo ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras mantener este miércoles un encuentro con las entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) y representantes de los agentes sociales de Aragón.
Acompañada por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la titular del Ministerio ha calificado la cita como "muy productiva" tras escuchar al tejido asociativo, colegios de abogados, patronal y sindicatos y ha asegurado que se trata de una medida que "saca de la invisibilidad a miles de personas".
Frente a las críticas iniciales que hablaban de un "gran colapso" en las administraciones municipales, la ministra ha asegurado que "las filas no significan caos" y ha insistido en que, pese a los primeros días con mucha afluencia, el proceso "se desarrolla con absoluta normalidad".
Durante el encuentro, las entidades le han trasladado a la ministra "algunas dudas técnicas" que, según Saiz, han consistido principalmente en los retrasos de ciertos países de origen a la hora de emitir documentación requerida. A lo que Saiz ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España de mediar con terceros países para facilitar estos trámites.
El plazo del procedimiento se extiende hasta el próximo 30 de junio y, por el momento, no se plantea una ampliación del plazo.
La ministra ha puesto en valor la triple "legitimidad social, económica y política" de la regularización, que enmarca la medida "dentro de las necesidades de mano de obra en sectores clave del país". Ha aprovechado así para destacar "el récord de afiliación extranjera a nivel nacional", que dice superar ya "los 22,3 millones, con un importante peso en áreas como la hostelería, la construcción y el emprendimiento".
Saiz ha insistido en que el Ejecutivo central practica "la buena política", poniendo en el centro los derechos humanos y convirtiendo a España en "un faro" a nivel internacional en materia migratoria.
Preocupaciones de las entidades sociales
Las organizaciones sociales han trasladado a la ministra su "agradecimiento por la puesta en marcha del proceso de regularización". Julia Ortega, responsable territorial de Accem en Aragón, asegura que esta iniciativa da respuesta a "una demanda histórica de las ONG, que veían la necesidad urgente de legalizar la situación de personas que ya vivían y trabajaban en el país bajo condiciones que vulneraban sus derechos y la seguridad de las propias empresas".
Tras un primer momento crítico que generó un "tapón" en la emisión de certificados de vulnerabilidad, desde las entidades sociales confirman que la situación "ha logrado normalizarse". Hasta la fecha, según lo ha señalado el representante de la Fundación Ozanam, José María Lamana, la entidad ya ha expedido 3.000 de estos certificados y se encuentra gestionando directamente la documentación de unas 300 personas.
Por el momento, pese a que las estimaciones iniciales hablaban de un periodo de 15 días, las entidades aragonesas no han recibido ninguna resolución de los expedientes ya tramitados por "la altísima demanda de los primeros días".
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Y, pese a una mejora en "el flujo de trabajo", las entidades advierten de varios frentes todavía abiertos. Una de las principales inquietudes actuales son "los plazos de respuesta de la administración, dado que la espera genera gran expectación e incertidumbre entre los solicitantes que ya han presentado sus papeles", asegura Lamana.
Asimismo, confirma que "existen dificultades para obtener los certificados de antecedentes penales procedentes de algunos países". Ante esta situación, dice que la ministra se ha comprometido a trasladar el problema al Ministerio de Asuntos Exteriores para "intentar agilizar la llegada de esta documentación".
Más allá de los trámites burocráticos, Lamana traslada que el mayor temor de las entidades es que haya personas que se queden fuera del proceso por "simple desconocimiento". Es el caso de una comunidad como Aragón, "con un gran entorno rural donde hay personas que todavía no tienen claros los pasos ni saben como conseguir la información para poder llegar a tiempo al 30 de junio".
