Cartel de una vivienda en alquiler.
Aluvión de consultas en Aragón por la prórroga de los contratos de alquiler: "Mucha gente ni siquiera sabe por dónde tirar"
Abogados y colectivos del sector creen que se ha creado un problema mayor y temen que todo acabe en los tribunales si el decreto no es convalidado.
Más información: Entró en vigor: los inquilinos pueden alargar el contrato de alquiler con subida limitada de precio hasta este día de abril.
El decreto-ley aprobado por el Gobierno de España para la congelación y la prórroga de los alquileres ha provocado un aluvión de consultas. Sobre él sigue pesando el más que posible 'no' del Congreso de los Diputados, una amenaza que hace que más de 10 días después de su aprobación en Consejo de Ministros haya más preguntas que respuestas.
Muchos creen que la medida, en vigor desde este pasado 22 de marzo, ha creado "un problema añadido" y "no ha solucionado nada"; que lo único que ha hecho ha sido trasladar el conflicto a la esfera política y mediática.
Las consecuencias, de hecho, no quedan ahí, ya que con el nuevo decreto se desprotege a las familias vulnerables en caso de desahucio.
En los últimos días, explica la abogada Sara Benedí, han crecido las voces discordantes. "Antes se había vendido que todos los contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027 podrían acogerse, se convalidara o no el decreto. Pero hay juristas y políticos que están empezando a decir que el problema va a venir con los que acaben cuando el texto ya no esté en vigor", señala.
Jurídicamente, cada acuerdo tiene unas fases que hay que respetar. Esto hace que la prórroga -que únicamente se podrá aplicar a los contratos de vivienda habitual- deba solicitarse "cuando se esté en plazo y no antes".
Ahí, dice Benedí, empezarán los problemas, ya que los arrendadores defenderán su posición y los inquilinos, la suya.
A los primeros, la abogada les recomienda que esperen a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y a los segundos, que manden un burofax, la única manera que tienen de "intentar pelearlo".
Ahora mismo, muchas personas "ni siquiera saben por dónde tirar". Benedí no descarta que haya arrendadores que, si se tumba el decreto, respeten la prórroga para evitar un litigio, pero otros "defenderán su postura". Especialmente si llevaban intención de poner el piso en alquiler por un precio mucho mayor.
La gran pega es que el final de esta historia no se escribirá hasta que no se empiecen a judicializar los casos.
Al Sindicato de Inquilinas de Zaragoza también están llegando multitud de correos electrónicos pidiendo información. Los hay tanto de gente que está interesada en acogerse a la medida como de inquilinos a los que les ha llegado un burofax de sus caseros diciéndoles por adelantado que no renovarán sus contratos.
Victoria Lajusticia, miembro del colectivo, recalca que, aún así, la prórroga "sería efectiva". A los afectados, el sindicato les recomienda que lo soliciten mientras el decreto esté en vigor.
En este sentido, recuerdan que los caseros no pueden negarse a aceptar la prórroga y que solo podrán hacerlo aquellos que necesiten la vivienda para uso personal. También inciden en que la medida no será aplicable a los contratos de temporada o por habitaciones.
Ellos creen que, decaiga o no el decreto, la solicitud será válida "si lo piden este mes", pero, como Benedí, dudan de lo que pueda pasar con aquellas peticiones que lleguen después del previsible rechazo del Congreso.
Consultorías y protestas
En internet hay documentos estandarizados para facilitar el trámite. No obstante, quienes tengan dudas podrán valerse de las sesiones de asesoría que harán desde el Sindicato de Inquilinas el próximo 9 de abril y el martes 21. Serán a las 19.00 en su sede, en el número 23 de la calle de San Pablo, en Zaragoza.
Ante el previsible aluvión de consultas harán un desdoblamiento. Por un lado atenderán las peticiones 'regulares' y por otro, las centradas en la prórroga.
Para sus representantes, todo esto se ha traducido en un mayor volumen de trabajo. En las próximas semanas, de hecho, esperan llegar a mucha más gente.
Más allá de lo 'administrativo', desde el sindicato trabajan también en una protesta que trasladará ese descontento a las calles el próximo 23 de abril. Será una movilización de carácter nacional que se dejará sentir en ciudades como Zaragoza.
Para el colectivo, tanto el decreto anterior como este eran insuficientes para abordar la crisis de la vivienda. El problema es que ahora se ha ido a peor.
Sobre todo con lo que tiene que ver con la protección de familias vulnerables en caso de desahucio. "Es mucho menos garantista y proteccionista. Ahora mismo, la vulnerabilidad ha salido de la ecuación. Antes, estas personas estaban parcialmente protegidas, había un muro de contención que ya no tenemos", lamenta Lajusticia.
El sindicato tiene casos concretos en los que había conseguido "parar el desahucio legalmente", una batalla ganada que ahora podría peligrar si llegan nuevas demandas. Lo peor es que esa protección "no volvería aunque decayese el nuevo real decreto".
