Los ecologistas piden "tirar para arriba", desmantelar el Inaga y depurar responsabilidades políticas por el 'caso Forestalia'

Colectivos ecologistas de todo Aragón han exigido este jueves suspender cautelarmente y revisar los más de 200 proyectos de Forestalia, incluidos los vinculados a centros de datos, ante la explosión de la presunta trama de corrupción de Fernando Samper.

"Ridiculizados" y tachados de "extremistas" durante años, creen que "hay que seguir tirando para arriba" para depurar todas las responsabilidades y desmantelar el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

"Estamos indignados", aseguraban Javier Oquendo, de la Plataforma 13M; Juan Antonio Gil, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón y la Asamblea Canal Roya, y Carlos López, de Ecologistas en Acción.

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Según los datos que manejan, el ‘gigante verde’ aragonés acumula al menos 14 contenciosos, 5 causas penales y cientos de alegaciones en contra.

Lo que hasta ahora eran "sospechas" se están demostrando "irregularidades" gracias a la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil, que investiga a la red que tejió Samper por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, cuatro delitos "de bastante calado".

Los ecologistas censuran la implicación de funcionarios y exaltos cargos en la tramitación de declaraciones y evaluaciones de impacto ambiental. "Veíamos muchas cosas que no cuadraban, declaraciones que no cuadraban con el impacto que realmente había sobre el territorio", han dicho.

Los colectivos recelan de que las Cortes vayan a abrir una nueva comisión de investigación cuando en la de 2024 lo único que se hizo fue "plantear cuestiones para desviar la atención" y llegar a unas conclusiones que fueron "un auténtico fracaso". "Lo que tendrían que hacer es tomar acciones judiciales fuertes", agregaban.

Los ecologistas ven complicado que los proyectos actualmente paralizados vayan a retomarse. Creen, de hecho, que la ‘marca Forestalia’ ha quedado tocada y hundida.

En su opinión, el Inaga -convertido en "el Instituto Aragonés de Gestión de Amigos"- debería desaparecer y dar paso a una subdirección general, "como ocurre a nivel estatal", para dificultar las corruptelas y poner "los filtros correspondientes".

También habría que depurar todas las responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y "cesar" a las personas involucradas. "No se puede echar la culpa de todo a Eugenio Domínguez. Él era un subdirector, no firmaba nada, sino que lo hacía su jefa, Marta Gómez Palenque. Tememos que le carguen todo a él y el resto se vaya de rositas", comentan.

Lo que reivindican es "un desarrollo de las renovables de forma distribuida, planificada y democrática y en manos de la ciudadanía". A su juicio, resulta "vergonzoso" que la sociedad civil tenga que estar constantemente vigilando irregularidades de las administraciones.

"Las asociaciones ecologistas no somos un gabinete jurídico, pero nos han convertido en eso", lamentan.

Pese a todo, aseguran que no van a quedarse parados, y apuntan al Inaga, al Gobierno de Aragón y a Red Eléctrica como vías a trabajar: "Hay más ramas que están por florecer".

Los ecologistas reconocen haber visto un cambio a mejor en el Inaga durante el Gobierno de Jorge Azcón. Dicen que cuando uno lee las últimas resoluciones se ve que las ha hecho "alguien que entiende de medio ambiente". "Pero en este Gobierno y en el interior hay irregularidades. Si ha habido toda esa corruptela con los parques, ¿quién nos dice que no la ha habido en centros de datos?", se preguntan.