Oriol Junqueras, este jueves a su salida de la reunión con Pedro Sánchez. EFE
Expertos ven "complicado" que el acuerdo Sánchez-Junqueras se materialice: "Habría que cambiar la Ley de Financiación"
El líder socialista necesitaría el apoyo de todos sus socios de investidura, un camino que llevará meses y que estará marcado por el rechazo de comunidades como Aragón.
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De lo que se acuerda a lo que luego se articula jurídicamente hay un trecho, y el pacto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, que garantizará 4.700 millones de euros más a Cataluña, podría tenerlo “complicado”.
Es, al menos, lo que creen los expertos. Aunque la falta de información obligue a coger todo con pinzas, lo que tienen claro es que cualquier cambio sustancial “se tendrá que articular jurídicamente en una reforma de la Ley de Financiación”, y para eso hay que contar con el Parlamento.
“Es decir, tendrá que pasar por el Congreso y el Senado, y todos sabemos cómo están actualmente”, señala Antonio García Gómez, decano de Derecho en la Universidad de Zaragoza y profesor de Derecho Financiero y Tributario.
Su sensación es que Sánchez busca dar más dinero a todas las comunidades para callarlas, pero “es el reparto en el que no están de acuerdo”. Sobre todo si unas regiones salen más beneficiadas que otras.
Un acuerdo como el anunciado este jueves por el líder de ERC supondría “romper la caja común”.
García Gómez recalca que Sánchez no va a poder actuar al margen del sistema hoy vigente y que, aunque la financiación necesita desde hace años una actualización, un modelo la carta para contentar a los socios de investidura no parece la mejor solución.
“Sánchez puede acordar y decir lo que quiera, pero luego tiene que ir a una ley”, recuerda.
Nada de esto podría hacerse de un día para otro, sino que, en el mejor de los casos, se necesitarán meses de tramitación. Tantos como los que requiera la reforma del marco legal.
Para sacarla adelante, el presidente necesitaría el apoyo de todos los socios de investidura. “No se puede decir que sea inviable; Sánchez ya ha sacado adelante reformas en el Congreso, pero no es fácil”, reconoce.
El acuerdo suscitó ayer numerosas críticas tanto en el PP como entre las propias filas del PSOE, con un Emiliano García-Page que volvió a desmarcarse de su líder nacional y a acusar al Gobierno central de montar una pantomima.
García Gómez incide en que la actual ley ampara a todas las comunidades a excepción del País Vasco y Navarra y no solo a Cataluña. Recuerda, asimismo, que el último modelo lo pactaron todas las regiones en el Consejo de Política Fiscal, cuando ahora todo apunta a acuerdos singulares con cada una de ellas por separado.
El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, exigía este jueves la convocatoria urgente del Consejo, sin que por ahora se tenga constancia de que Pedro Sánchez haya recogido el guante.
El riesgo no es menor, ya que la Comunidad se juega hasta 280 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo regional.
Más allá de la oposición que puedan mostrar los barones autonómicos en estos momentos previos, el propio Azcón no descartaba acciones legales durante la tramitación parlamentaria, lo que augura un camino difícil a cualquier cambio que pretenda impulsar el líder socialista sin el respaldo del resto del territorio.
