Felipe González en el foro organizado por ADEA, en Teruel.
Felipe González avisa: se puede discrepar de sentencias como la condena al fiscal general, pero no cuestionar a los tribunales
En un foro organizado por la ADEA este lunes en Teruel, González subraya que la judicialización de la política no es culpa de los jueces, "sino de los políticos".
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El expresidente del Gobierno Felipe González ha señalado que, aunque se puede discrepar de ciertas resoluciones judiciales, como la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no debe ponerse en cuestión la legitimidad de los tribunales ni politizar la justicia".
En un foro organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) este lunes en Teruel, González ha subrayado que la judicialización de la política no es culpa de los jueces, sino de los políticos que no asumen sus responsabilidades y trasladan sus conflictos a los tribunales.
Según ha explicado, es posible manifestar desacuerdo con decisiones judiciales, con respeto, pero cuestionar la autoridad de la justicia pone en riesgo el Estado de derecho.
Inestabilidad política
En su intervención, González ha abordado lo que considera una "profunda inestabilidad política" que, a su juicio, afecta a España desde hace más de una década. Ha señalado que la falta de proyectos políticos claros y consensuados ha llevado a una parálisis del país y a un debilitamiento de las instituciones.
Ha considerado que el gobierno actual "carece de la fortaleza y liderazgo necesarios para tomar decisiones claras y sostenibles" y ha señalado que la falta de mayoría suficiente obliga a depender de pactos con fuerzas políticas minoritarias o extremas, lo que debilita la capacidad de gobernar con autonomía y eficacia.
Según González, esta situación genera un ejecutivo que actúa con "timidez y evita asumir responsabilidades, lo que traslada la incertidumbre política al conjunto del país".
En este contexto, ha criticado tanto al actual Gobierno del PSOE como al Partido Popular por centrarse en disputas partidistas y cortoplacistas, en lugar de definir un rumbo sólido y estratégico para el país.
El expresidente se ha referido específicamente a la financiación de Cataluña y ha rechazado la idea de una agencia tributaria autonómica que, según él, sería ineficiente y podría generar tensiones constitucionales.
González ha criticado, asimismo, que el debate público se centre en cuestiones como debates sobre jornada laboral o incrementos puntuales del salario mínimo, mientras se descuidan temas estructurales como la productividad, la educación o la inversión en infraestructuras.
El ex mandatario ha resaltado la necesidad urgente de modernizar España, tanto en términos de infraestructura como en tecnología y gestión pública, y ha comparado la situación actual con los años 80, época en la que el país experimentó una modernización que incluyó la creación del Sistema Nacional de Salud, mejoras en educación y desarrollo de infraestructura.
En contraste, ha destacado que hoy la política española está "paralizada", con cambios constantes en los sistemas educativos y una gestión pública menos eficiente.