Azcón lleva al Supremo el decreto de Sánchez contra las universidades privadas: "Es sectario e ideológico"

Aragón llevará al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo por el polémico decreto de las universidades privadas. El Ejecutivo de Jorge Azcón sostiene que no solo no refuerza la calidad de la enseñanza, sino que está impregnado de límites "sectarios e ideológicos".

"Son medidas arbitrarias que invaden competencias de la Comunidad y nos dejan en situación de inseguridad jurídica", ha asegurado la vicepresidenta, Mar Vaquero.

Aragón basará el recurso contencioso-administrativo, que este miércoles ha recibido luz verde por parte del Consejo de Gobierno, en la inseguridad jurídica que genera, la invasión de competencias y el "perjuicio" al territorio.

Que se tenga que llegar a 4.500 alumnos lastra "claramente a Aragón" frente a otras regiones más pobladas, según Vaquero. El Pignatelli tampoco comparte que las universidades 'online' pasen a ser competencia del Estado y que para las presenciales se exija un informe preceptivo y vinculante de la agencia de calidad universitaria de cada comunidad.

"Esto es otra invasión de competencias, ya que el Gobierno central impone a algunos de los miembros de la comisión evaluadora de la agencia autonómica", destaca la vicepresidenta.

Desde el Pignatelli critican que la normativa cambie procedimientos sin ofrecer periodos transitorios y advierten de que, por esta razón, los tres proyectos interesados en instalarse en Aragón tendrán que empezar de cero. "Vuelven a la casilla de salida para poder cumplir con el nuevo procedimiento y los nuevos requisitos", ha manifestado.

El Ejecutivo aragonés también ha presentado otro recurso contra los criterios de ubicación de los menores extranjeros no acompañados, fijados por el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo.

Según han explicado desde la DGA, desde el 17 de septiembre hasta el 26 de noviembre se han recibido 48 expedientes -28 de menores procedentes de Canarias, 13 de Ceuta y 7 de Melilla-, contra los que se han ido presentando alegaciones.

De hecho, 12 expedientes llegaron a archivarse sin que se hiciera efectiva la resolución de traslado por atender al interés superior del menor o por haber cumplido la mayoría de edad. Esto hace que en la actualidad sean 17 los menas acogidos en la Comunidad, menos de un 10% de los algo más de 200 anunciados por el Ejecutivo central.

Por otra parte, también en el marco del Consejo de Gobierno, la DGA ha declarado de Interés Autonómico una planta de gestión de residuos y producción de gas renovable en Calamocha (Teruel).

La iniciativa, promovida por la empresa Casiopea Green Gas, filial de Moeve, invertirá 17,2 millones de euros. Las obras comenzarán en el primer trimestre de 2027 con vistas a su puesta en marcha a finales de 2028.

En total se crearán 30 puestos de trabajo en la fase de la construcción y 8 directos y 50 indirectos durante la de producción. La compañía ocupará un total de 84.000 metros cuadrados distribuidos en cinco parcelas en las que se producirán 65 GW de biometano.