Silvia Lasheras en el CRA

Silvia Lasheras en el CRA E.E.

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Silvia Lasheras rotunda sobre las alarmas anti-okupación: "Hay una estrategia comercial que se aprovecha del miedo"

Hay estudios que señalan que ha habido un incremento del 35% en la demanda de alarmas en los últimos cinco años.

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Zaragoza
Publicada

En el actual debate social sobre la inseguridad ligada a la okupación de viviendas, las denominadas alarmas antiokupas han copado titulares y se han convertido en una opción preventiva que despierta gran demanda.

Silvia Lasheras, CEO de Tecalsa, pone el foco en la información rigurosa y llama a la calma ante el creciente alarmismo: "Ambas alarmas son el mismo sistema de protección que empleamos para hogares, negocios o cualquier otra propiedad". Además, añade que "lo esencial es cómo y quién responde ante la señal de alarma".

La experta advierte sobre el impacto de los mensajes alarmistas en la percepción de inseguridad de la ciudadanía. “Hay una estrategia comercial que aprovecha el temor y la inseguridad que genera para vender alarmas”, denuncia.

Por ello, subraya la necesidad de no comercializar la seguridad desde el miedo, sino desde la tranquilidad y la prevención.

A raíz de esta situación, el Gobierno busca limitar la llamada “publicidad del miedo”. Según explica Lasheras, “el pasado mes de julio se aprobó un anteproyecto de ley para regular la difusión de este tipo de mensajes. Cualquier afirmación o argumento debe estar respaldado en la estadística real para que las personas puedan hacer una evaluación real del riesgo”.

Aumento de la demanda

La demanda de alarmas, reconoce la directiva, sigue al alza: “Actualmente la demanda de alarmas está creciendo a buen ritmo”. Estudios recientes apuntan a un incremento del 35% en los últimos cinco años. Pero advierte: “La preocupación por el auge de la okupación tiene una relación directa con el boom de la alarma antiokupa que tan de moda se ha puesto”.

En consecuencia, Silvia invita a diferenciar entre el mensaje comercial y la realidad técnica de la seguridad residencial. "No hay ninguna diferencia, es exactamente la misma alarma con las mismas funcionalidades y diseño que utilizamos para la seguridad en cualquier residencia o empresa", recalca.

Función clave

Aunque el hardware de las alarmas es idéntico, su verdadera efectividad, especialmente en el contexto de una posible ocupación, radica en su conexión indispensable a una Central Receptora de Alarmas (CRA). Esta conexión es el pilar del servicio de seguridad, ofreciendo "vigilancia constante" las 24 horas del día, los 365 días del año.

Cuando se detecta una señal de intrusión, los operadores de seguridad de la CRA activan de inmediato un protocolo estricto, que incluye la verificación de la señal mediante imágenes u otros dispositivos para determinar si la alarma es real o falsa.

De esta forma, si se confirma la intrusión, se notifica a las autoridades pertinentes, como la policía o los bomberos, manteniendo informado al cliente y coordinando las acciones.

Respuesta inmediata

En casos de okupación, si la intrusión es confirmada y se avisa a la policía de inmediato, los agentes pueden actuar sin orden judicial si los ocupantes llevan menos de 48 horas dentro de la vivienda, ya que se considera allanamiento de morada.

Esto permite un desalojo rápido y evita "los prolongados procesos legales que se seguiría en una ocupación sin alarma". La videovigilancia y las grabaciones recogidas por el sistema de alarma, especialmente si están conectadas a una CRA, constituyen pruebas legalmente válidas.

De hecho, el Tribunal Supremo las considera "documentos probatorios" que facilitan la identificación de los responsables y agilizan el proceso legal para recuperar el inmueble, siempre que sean auténticas y obtenidas respetando la ley de protección de datos.

Por todo ello, la CEO aboga por dejar de lado los mensajes que exacerban la percepción de peligro y priorizar la profesionalidad y la legalidad en el sector: Lasheras llama a una “reflexión sosegada” y reclama dar prioridad a “servicios que ofrezcan, ante todo, una respuesta profesional y ajustada a la legalidad”.