Un grupo de menores inmigrantes trasladados desde Canarias, en la Península. ICAL
Aragón lleva a los tribunales la sectorial de infancia del lunes por el "injusto" reparto de menores migrantes
Azcón cree que la convocatoria "viene a aplicar el Real Decreto Ley que impone a las comunidades autónomas los criterios para el reparto".
Más información: Aragón pide medidas cautelares ante la petición de información de Moncloa para acoger menores inmigrantes.
El Gobierno de Aragón de Jorge Azcón acaba de anunciar un nuevo contencioso-administrativo contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tras negarse a facilitar datos sobre el número de menores migrantes que acoge actualmente la Comunidad, la DGA ha vuelto a recurrir a la Justicia para parar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este lunes 28 de abril en la sede del Ministerio de Política Territorial.
Según defienden desde el Gobierno aragonés, mediante este acto de convocatoria se viene a aplicar el Real Decreto Ley que impone a las comunidades autónomas los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados, una decisión que, a juicio del Ejecutivo regional, establece un trato favorable a los intereses de Cataluña en esta cuestión.
Pese al rechazo, fuentes del Departamento de Bienestar Social y Familia confirman que Aragón acudirá a la cita, que se desarrollará a partir de las 16.00 en Madrid.
La propia DGA recuerda que este recurso contencioso-administrativo se suma al presentado hace dos semanas, por el que el Gobierno de Aragón impugnaba el primer acto administrativo derivado del mencionado Real Decreto Ley, consistente en el requerimiento formulado por el Ministerio de Juventud e Infancia de remisión de los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores en Aragón.
Con dicho recurso el Gobierno de Aragón solicitaba, además, como medida cautelar, la suspensión de dicho requerimiento. Este viernes, el Ejecutivo regional ha recibido una notificación mediante la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid informa de que la Abogacía del Estado, antes de formular alegaciones sobre las referidas medidas cautelares realizadas por la Comunidad Autónoma, ha solicitado la inadmisión del citado recurso judicial sobre el requerimiento de datos del sistema autonómico de protección de menores realizado por el Ministerio de Juventud e Infancia.
El TSJM otorga en dicha notificación un plazo de 10 días hábiles a la DGA para que esta pueda presentar alegaciones en las que responder a esa petición del Estado de que se inadmita el recurso por motivos procesales, cumpliendo con el tiempo establecido en este tipo de procedimientos.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, explican desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, siguen trabajando para presentar el recurso en el Tribunal Constitucional en contra del Real Decreto Ley, puesto que este, además de no ser un instrumento jurídico admitido por nuestra Constitución para regular los derechos de los menores migrantes no acompañados, "invade las competencias autonómicas y conculca los principios de igualdad entre las comunidades, considerándolo un ejemplo más de la sumisión del actual Gobierno de España respecto a sus socios independentistas".
