Universidad Niccolò Cusano. E. E.
Calatayud, la ciudad de Zaragoza que se planta contra las trabas a las universidades privadas: "Genera inseguridad"
La localidad insta al Gobierno de Pedro Sánchez a respetar sus competencias y niega que la inversión vaya a afectar a otros campus de Aragón.
Más información: Las universidades privadas a las que Sánchez llama 'chiringuitos' sólo imparten el 25 % de títulos ofertados en educación superior.
El decreto de Pedro Sánchez contra las universidades privadas, a las que el propio Pedro Sánchez ha llegado a tachar de "chiringuitos educativos", podría hacer tambalearse hasta tres proyectos en Aragón. Las últimas declaraciones han disparado la preocupación en localidades como Calatayud, donde pretende instalarse la Universidad Niccolò Cusano. Tanto que su alcalde, José Manuel Aranda, ha convocado un pleno extraordinario para este sábado para "apoyar" el proyecto y defender su legalidad.
"Defendemos un proyecto por el que luchamos. Acudamos a un pleno de apoyo a la creación de un Centro Universitario en Calatayud, remitido al Ministerio, y que reúne los requisitos de la legislación en vigor", escribió este miércoles el propio regidor en sus redes sociales.
El Ayuntamiento, gobernado por el PP, teme que la inseguridad jurídica que genera esta normativa afecte negativamente a la inversión.
A este respecto, el Consistorio bilbilitano recuerda que la universidad italiana había alcanzado un acuerdo con los propietarios de unos terrenos próximos a la estación del AVE para establecer en ellos su sede en Aragón. Este centro universitario, con origen en Roma y presencia en Francia y Reino Unido, contempla la implantación de 14 grados, seis másteres y dos programas de doctorado, centrados en áreas como Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ingeniería y Arquitectura.
El proyecto fue registrado oficialmente ante la administración autonómica en mayo de 2024, y completado con toda la documentación en diciembre del mismo año. Tras una evaluación positiva, el Ejecutivo aragonés trasladó el expediente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el pasado 18 de marzo de 2025.
Desde Calatayud se advierte de que cualquier cambio normativo posterior que se aplique retroactivamente supondría una vulneración del principio de seguridad jurídica, recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Esta situación, señalan, podría afectar no solo al proyecto de NCI, sino también a universidades privadas ya existentes que no cumplan con los nuevos criterios, como es el caso de la Universidad San Jorge, a la que recientemente se le concedió el Grado en Medicina, que comenzará a impartirse el próximo curso.
El Ayuntamiento rechaza las voces que acusan al proyecto de suponer una amenaza para otras instituciones como la UNED, la Universidad de Zaragoza o la Universidad San Jorge. Por el contrario, destaca que se trata de una iniciativa complementaria, que apuesta por una formación internacional, adaptada a las necesidades del mercado laboral, y con potencial para dinamizar el medio rural gracias a la ubicación estratégica de Calatayud.
De la Niccolo Cusano Internacional (NCI) han salido unos 41.000 licenciados y más de 30.000 estudiantes son los matriculados. Se trata de un centro, dicen desde el Ayuntamiento, que apuesta por una docencia avalada, complementaria, acorde con las demandas del tejido empresarial presentes y futuras. "Es un proyecto académico dinámico y con la calidad que requiere la enseñanza universitaria de los jóvenes, de los hijos de todos nosotros", agregan.
Teniendo todo esto en cuenta, los populares buscarán el apoyo del resto de grupos para aprobar cinco puntos que consideran claves en defensa de esta universidad privada.
El primero, un apoyo cerrado a la implantación del Centro Universitario Niccolò Cusano Aragón Internacional conforme a la legislación actual. También se pretende instar al Ministerio a no modificar unilateralmente la normativa sin contar con las comunidades autónomas y con el conjunto del sistema universitario español.
Desde el PP se reclama, también, el respeto al reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas en materia de ordenación del sistema universitario. Además, se pide que cualquier nueva normativa respete el principio de irretroactividad, la seguridad jurídica y evite la arbitrariedad y se solicita dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y al Gobierno de Aragón.
