Mar Vaquero, este martes en el Pignatelli. DGA
El Gobierno de España rechaza 24 puntos de la ley de energía de Aragón: si no se negocian recurrirá al Constitucional
El Ejecutivo negociará con la DGA de manera bilateral con el 30 de septiembre como fecha tope para llegar a un acuerdo.
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La nueva ley de energía de Aragón, aprobada el pasado mes de diciembre, ha vuelto a encontrarse con el rechazo del Gobierno de España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez amenaza con un nuevo recurso de inconstitucionalidad que tumbaría la norma y complicaría el futuro del desarrollo energético en la Comunidad. Pero antes de llegar a ese extremo, las partes tratarán de buscar un acuerdo en una comisión bilateral que tendrá el 30 de septiembre como fecha límite.
En total son 24 los "preceptos" sobre los que hay discrepancias. Las principales cuestiones controvertidas tienen que ver con la regulación del autoconsumo en cuanto a que pueda incidir en la unidad de la red de distribución, en la regulación de las mancomunidades de energía, que no está prevista en el ordenamiento estatal y comunitario y en las competencias de la Comunidad para incorporar en su normativa el contenido de las directivas comunitarias.
Por parte del Gobierno de Aragón, ha asegurado la vicepresidenta, Mar Vaquero, la posición "es totalmente conciliadora y de colaboración". "Es una ley estratégica para la Comunidad, para nuestro desarrollo y para la competitividad de nuestras empresas", ha resaltado.
Vaquero confía en llegar a un acuerdo con el Estado que permita "conciliar el orden interpretativo de los preceptos controvertidos". Si se alcanza un pacto, el Ejecutivo de Jorge Azcón se compromete a modificar todos esos puntos para que se ajusten "a esa interpretación consensuada de acuerdo con la Constitución" y la jurisprudencia existente.
Según la vicepresidenta, "es compatible conjugar el interés del Estado en orden a la coordinación y la unidad del sistema eléctrico con el desarrollo de las competencias autonómicas".
La fecha de la reunión se pondrá una vez que el Gobierno de Aragón confirme su asistencia. Algunos de los contenidos señalados ya fueron cuestionados en la ley anterior, impulsada por el Ejecutivo de Javier Lambán y tumbada por el Constitucional por una cuestión de forma. "Pero es una ley diferente, y esto hace que también haya motivos diferentes", ha razonado Vaquero. Como ejemplos ha puesto las instalaciones próximas de producción a efectos de autoconsumo, la propiedad y la titularidad de las líneas directas, las manconuminades de energía, las redes de distribución cerradas, los incentivos a las comunidades energéticas...
El recurso de inconstitucionalidad implicaría la suspensión de todos los artículos cuestionados hasta que el Tribunal resolviera, lo que demoraría su aplicación de uno a tres años, un extremo que Aragón quiere evitar a toda costa. La prioridad, según Vaquero, es otorgar seguridad jurídica a los inversores. Desde la DGA creen que los proyectos anunciados no corren el riesgo, en estos momentos, de caerse, ya que no se plantean que no haya acuerdo.
También en tono conciliador, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen,ha apuntado desde Zaragoza que lo que se ha activado ha sido la comisión de cooperación. "Es una ambición de dialogar, de negociar conjuntamente y ver en aquellos espacios, en los que desde la Administración estimamos que hay una invasión de competencias, cómo llegar a un acuerdo y ver de qué manera, sin necesidad de recurrir, se puede modificar esa ley y hacerla acorde tanto a la Administración General del Estado como a la Administración Autónoma", ha aseverado.
