El consejero de Vivienda, Octavio López, en el Pleno de las Cortes
Vox salva el primer escollo de la Ley de Vivienda de Aragón pero pone condiciones: “Los españoles, primero”
La Ley de Vivienda de Aragón supera su primer debate con el único apoyo del PAR y Vox, que reclama prioridad a la compra por españoles y bajada de impuestos.
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El camino de la Ley de Vivienda en las Cortes de Aragón ha comenzado con curvas. La nueva norma impulsada por el Ejecutivo autonómico para fomentar la construcción ha superado su primer escollo en el Parlamento, pero únicamente ha recibido el apoyo inicial del PAR y Vox, que ha puesto condiciones concretas para su aprobación definitiva, como priorizar la adquisición de vivienda social por parte de ciudadanos españoles o bajadas de impuestos.
El consejero del ramo, Octavio López, ha presentado en el Parlamento una Ley con la que se fijen “recursos, planes y programas” para construir entre 12.000 y 14.000 viviendas públicas en los próximos diez años y compense la “flagrante falta de oferta” que ha provocado “una regulación nacional inadecuada”. “La vivienda es un drama social cuya resolución nos compete a todos y no debería entender de disputas partidistas. Es un texto abierto y flexible que necesita de aportaciones de las diversas formaciones políticas”, ha señalado.
Entre los ejes de esta norma se encuentra el aprovechamiento de terrenos destinados a equipamientos públicos que no se han utilizado, aumentar el parque público de vivienda hasta el 9%, e impulsar ayudas a compradores y vendedores de VPO. “Es el texto embrionario de una ley que busca dar respuesta a los aragoneses que buscan emanciparse y no pueden hacerlo, quienes buscan mejorar las condiciones de vivienda, quienes merecen una vivienda digna cuando van a trabajar, quienes pueden comprar vivienda protegida y necesitan un empujón, y quienes no pueden comprar pero merecen un alquiler asequible”, ha incidido López.
Así, el consejero ha tendido la mano a los grupos para, a lo largo de este año, aprobar una ley “útil y eficaz” para futuros gobiernos, “sean del signo que sean”. “Con la ideología por bandera, no resolveremos un problema que requiere de templanza y mano izquierda. No por imponer precios vamos a resolver el problema. Una política eficaz de vivienda requiere de medidas despejadas de dogmatismo ideológico”, ha aseverado.
Vox: ‘sí, pero…’
Pero esas intenciones del consejero no apuntan en buena dirección. Vox, que tiene en su mano la aprobación de leyes y normas, ha votado sí a comenzar la tramitación, pero ha avisado de que no la apoyará si no se corrigen lo que, a su juicio, son “tres grandes fallos”: no dar prioridad a "nacionales" en la adquisición de vivienda social, no aplicar bajadas de impuestos y mencionar cuestiones como el ‘coliving’.
En este sentido, el portavoz, Alejandro Nolasco, ha criticado que esta ley permita el acceso a vivienda de “personas de fuera de nuestro país, en situación irregular, sin haber cotizado y no aportan nada a la sociedad”. “La vivienda social debe ser para los nacionales. No podemos permitir que quienes llevan años construyendo Aragón sean desplazados por quienes no aportan nada. Los españoles, primero”, ha señalado.
El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, también ha votado a favor de iniciar la tramitación en las Cortes, aunque, después, “ya hablaremos”, ha dicho en la tribuna del hemiciclo, pidiendo que las entidades locales tengan un mayor peso en la elaboración de los programas. “Los ayuntamientos son clave. La autonomía local debe ser base fundamental de cualquier norma de la comunidad”, ha subrayado.
Rechazo de toda la izquierda
Por su parte, todos los grupos de la izquierda han votado en contra de este proyecto de ley, que ahora iniciará su trámite parlamentario, con críticas por la falta de apoyo social de esta norma. La diputada socialista Beatriz Sánchez cree que esta ley únicamente está pensada para “no aplicar la ley estatal” y que concibe la vivienda como un “bien de mercado” y no como un “derecho fundamental”. “Este proyecto no soluciona los problemas de la gente, sino que permite que otros sigan haciendo negocio. El objetivo es construir vivienda en suelo publico”, ha incidido.
Igualmente, Isabel Lasobras, de CHA, ve “insuficiente e ineficaz” esta ley que la hacen “incompatible” con garantizar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos. “Favorece un modelo más permisivo con la especulación. No establece medidas contundentes para creación de un parque de vivienda de alquiler público asequible”, ha rechazado.
Por su parte, Andoni Corrales, de Podemos, define la norma como un “cheque regalo” para promotores inmobiliarios y un “traje a medida” para “especuladores”. El portavoz de IU, Álvaro Sanz, rechaza que esta ley no aborde la intervención de precios y aborde de forma “irrisoria” el incremento del parque público de vivienda.
