Esmeralda Pastor, entonces directora general de Justicia; y Alejandro Nolasco, como vicepresidente del Gobierno

Esmeralda Pastor, entonces directora general de Justicia; y Alejandro Nolasco, como vicepresidente del Gobierno Gobierno de Aragón

Aragón

Vox rastrea perfiles técnicos y políticos para los cargos intermedios en Aragón: el reto de llenar tres consejerías

El reparto de tres consejerías a Vox incluye las competencias en cuatro organismos autonómicos.

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Zaragoza
Publicada

Después de dos meses y medio de negociaciones, PP y Vox ya tienen sobre la mesa el acuerdo que garantiza la investidura de Jorge Azcón y el inicio de un segundo Gobierno de coalición entre ambas formaciones, después de que el primero apenas durara 11 meses.

En el acuerdo, Vox amplía su peso en el Gobierno, con tres consejerías que supondrán un tercio de las carteras con las que Azcón gestionará el día a día de la Comunidad, asumiendo, además, más competencias que en la anterior etapa.

Pero ese mayor peso también obliga a tejer una infraestructura aún más grande, con casi una veintena de direcciones generales y organismos que ahora tendrán el sello de Vox.

Ante ello, la formación ya rastrea todo tipo de perfiles técnicos y políticos que acepten el reto de formar parte de las consejerías que liderará Vox durante, en principio, los próximos cuatro años.

Por ejemplo, solo la Consejería de Bienestar Social y Familia ha incluido en la última legislatura cuatro direcciones generales y dos organismos (el Instituto de la Juventud y el de Servicios Sociales), cada uno con sus jefes de servicio y secretarios.

También, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, con Manuel Blasco a la cabeza, tenía cinco direcciones generales y los tres servicios provinciales, más dos organismos trascendentales como el Instituto del Agua y, sobre todo, el de Gestión Ambiental.

De hecho, cuando Vox entró en el Gobierno en 2023 tejió un Departamento de Agricultura con otras cinco direcciones generales, una más de las que tiene desde que salieron, ya que el consejero Javier Rincón suprimió la de Caza y Pesca.

En esta búsqueda minuciosa se pretende cuidar hasta el más mínimo detalle, incluso el peligro de las redes sociales, conscientes del revuelo que generaron publicaciones de índole fascista de alguno de los cargos elegidos en 2023, como la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, en una foto con la bandera franquista, o el de Caza y Pesca, Jorge Valero, que alabó en redes a Millán Astray. Ambos fueron destituidos de inmediato en cuanto Vox salió del Pignatelli.

Fuentes de Vox reconocen la complejidad de llenar todas las estructuras de tres consejerías con tanta carga. La única conclusión que transmiten, de forma irónica, es que no habrá nadie del PAR.

Y es que los aragonesistas se hicieron con una decena de direcciones generales tras la investidura de Jorge Azcón en 2023. En sus manos están puestos como Trabajo, Patrimonio Cultural, Familia o la dirección del Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Así, en la agenda de Nolasco aparecen nombres con perfil técnico que podrían tener un hueco en alguna parte del Ejecutivo. Una de las caras nuevas en las Cortes, Arantxa Simón, es especialista en gestión de regadíos en el sistema de Riegos del Alto Aragón, y no se descarta para un puesto en Agricultura o, incluso, en el Instituto Aragonés del Agua.

Además, una de las figuras que ha ido ganando peso en la agenda de Vox es el de Juan Vidal, ingeniero aeronáutico y principal cabeza visible en la oposición a las renovables y, en concreto, en lo relacionado con Forestalia.

De producirse movimientos en las Cortes, ello obligaría a la formación a reconfigurar su grupo parlamentario, dado que Alejandro Nolasco apunta a volver al Pignatelli, Luis Biendicho suena como consejero de Agricultura y Marta Fernández es uno de los nombres para ocupar el puesto de senador autonómico. Carmen Rouco sería la portavoz en las Cortes.

En cualquier caso, siempre habrá que ver qué estructura mantiene Vox en sus consejerías, ya que una de sus exigencias habituales ha sido la reducción de la “megaestructura” de algunos departamentos.

En el acuerdo firmado con el PP se menciona la “derogación” de entidades públicasu organismos que “resulten superfluos” o que estén vinculados a “planteamientos de carácter ideológico”. Además, se habla también de realizar auditorías periódicas para “identificar y eliminar cualquier gasto que resulte improductivo, innecesario o carente de justificación”.