Nolasco, este miércoles en las Cortes de Aragón.
Una asignatura de Historia del Terrorismo y prohibición del burka en espacios públicos: así es el pacto PP-Vox en Aragón
Los socios también prometen "blindar" al sector primario frente a la Agenda 2030 y un plurianual para el Ebro.
Más información: Pacto en Aragón: Vox asume la vicepresidencia, tres consejerías y un senador a cambio de investir a Azcón.
Treinta y nueve páginas, 13 puntos, compromisos hasta 2030 y muchas similitudes con Extremadura que van más allá de la polémica por la 'prioridad nacional'. La letra pequeña del acuerdo PP-Vox en Aragón incluye desde una asignatura de Historia del Terrorismo hasta la prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos.
La nueva materia se impartirá desde el curso 2027-2028 con el objetivo de "concienciar a los estudiantes sobre el terrorismo, desarrollar valores democráticos y dignificar a las víctimas".
En el caso de la prohibición del burka, el Ejecutivo autonómico actuará "en el ámbito de sus competencias" por ser "incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia". "No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad", dice el documento.
La aplicación del desahucio exprés y la defensa jurídica frente a la okupación ilegal serán otras de las bases que regirán el acuerdo.
Jorge Azcón y Alejandro Nolasco se comprometen también a blindar al sector primario frente a la Agenda 2030 y a establecer un plan plurianual de "limpieza y defensa" del Ebro frente a inundaciones.
"A tal efecto, se impulsará el saneamiento, la retirada de vegetación y la adecuada gestión del cauce, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar su eficacia y respetando en todo momento la legalidad vigente", expone el texto.
Además, se confirman todas las bonificaciones y rebajas de impuestos anunciadas en los últimos debates sobre el Estado de la Comunidad, desde Sucesiones hasta el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR).
Esta vez, el PP podrá sumar sus votos a los de Vox para sacar las cuentas adelante. Pero no será a corto plazo, ya que el acuerdo habla de presupuestos a partir de 2027. Concretamente, se comprometen a "elaborar y aprobar" los de 2027, 2028, 2029 y 2030.
Inmigración, capítulo aparte
La inmigración, como ocurriera en Extremadura, ocupa un epígrafe propio. El principal punto es el rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, a la Comunidad.
La supresión total de subvenciones a las oenegés que favorezcan la inmigración ilegal y el endurecimiento del régimen interno de los centros de menores son otros de los 'extras' añadidos por Vox.
En vivienda, una de las grandes preocupaciones de los aragoneses, el reto pasa por la construcción de 4.000 viviendas públicas más en cuatro años. El acceso estará también sujeto a la coletilla de la 'prioridad nacional'.
Otra de las particularidades 'made in Aragón' son las ayudas al funcionamiento empresarial en la provincia de Teruel. Lo que se hará será exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que lleguen hasta el máximo permitido del 20%.
Igualmente, se blinda el conocido como DAT Alierta, uno de los proyectos estrella del PP de Azcón "como un paradigma del Aragón tecnológico" y se ratifica el compromiso por consolidar Aragón como el polo estratégico de España en centros de datos.
Donde no hay marcha atrás, pese a las críticas de la izquierda, es en la implantación progresiva de la concertación del bachillerato, que comenzará este mismo curso.
Por otra parte, el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) dejará de impartirse de forma inmediata en los centros de Educación Primaria y Secundaria de la región y se dará prioridad al producto español en los comedores públicos.
La perspectiva de familia estará presente en la elaboración de todas las normas a iniciativa del Gobierno de Aragón y en todas las políticas públicas que se lleven a cabo. Además, habrá auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos.
Especialmente perjudicados saldrán los sindicatos y las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, que podrían ver reducidas sus subvenciones hasta en un 50%.
Y tampoco será una buena legislatura para el catalán. Vox ha acordado expresamente "librar a Aragón de la imposición del catalán", con cambios normativos que, como tarde, tendrían que estar "a lo largo de 2027". Lo mismo sucederá con el Instituto Aragonés del Catalán, que deberá quedar suprimido el próximo ejercicio.
