La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, ha anunciado este lunes que desde la Conselleria se ha remitido una misiva a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para instarles a sumarse a la lucha para abolir la prostitución con la aprobación de la ordenanza que persigue al prostituidor y protege a las víctimas.

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En un comunicado, Bravo ha destacado la importancia de seguir “sumando fuerzas para conseguir erradicar esta violencia, ya que la prostitución es una cuestión de derechos humanos y de dignidad de las mujeres”.

A este respecto, ya hay municipios valencianos que han aprobado esta ordenanza, siendo el último Alcoy, con los votos favorables de PSPV-PSOE, Compromís, Unidas Podemos y PP. Otros, en cambio, como Elche, llevan años anunciando que la van a aprobar, sin que sea una realidad hoy en día; en Alicante ciudad, por ejemplo, su polémica ordenanza lo que hace es multar a las mujeres prostituidas, no a los puteros, y las personas sin hogar. 

“La prostitución no es más que humillación, explotación y violencia de género. Y nuestra obligación como poderes públicos es luchar contra la violencia y, sobre todo, proteger a las víctimas”, ha subrayado por su parte Bravo este lunes.

La carta recuerda que el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, creado en febrero de 2021 tiene el fin de erradicar la prostitución y garantizar, defender y proteger los derechos y la libertad de las personas en situación de prostitución y en el marco de este foro, se propuso, entre otras medidas, la elaboración de una ordenanza municipal abolicionista que proteja a mujeres y que sanciona al proxeneta y al demandante. Este modelo de ordenanza se encuentra disponible en la página web de la Conselleria.

La ordenanza aborda la prostitución como un fenómeno que vulnera de manera directa los derechos fundamentales y las libertades de las mujeres en situación de prostitución y no como una cuestión de orden público. Por lo tanto, prohíbe la demanda, considerándola como una infracción grave, con sanciones que pueden llegar hasta 3.000 euros.

También prevé la aprobación de un plan municipal de acción integral, que contenga medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional.

Precisamente, la consellera ha avanzado que se creará un grupo de trabajo para elaborar este plan integral de apoyo a las víctimas con medidas en el ámbito sociolaboral, sanitario y habitacional, entre otros, con el objetivo de que estas mujeres puedan construir un proyecto de vida en el marco de dignidad.

“Queremos una Comunitat Valenciana libre de prostitución, en todos nuestros municipios, carreteras y locales”, ha asegurado, y ha recordado que, desde el Foro Abolicionista, además de esta ordenanza, se propuso las reformas de la ley de espectáculos y la de carreteras para con este objetivo.

Para abordar este asunto, la consellera se ha reunido con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro.