Un cachorro, en una imagen de Shutterstock.

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Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe ceder o dar en adopción mascotas sin microchip

La norma obliga a identificar a perros y gatos antes de cualquier entrega y refuerza el control sobre la tenencia responsable.

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La obligación de identificar a perros y gatos con microchip antes de darlos no es nueva, pero sigue generando dudas entre los propietarios. Aunque la normativa lleva tiempo en vigor, todavía hay quien desconoce que entregar un animal sin identificar está expresamente prohibido por la ley.

En paralelo, la presencia de animales de compañía en los hogares ha crecido de forma notable en los últimos años. Perros y gatos ya no son solo mascotas, sino que forman parte del núcleo familiar y ocupan un papel cada vez más relevante en el día a día de millones de personas.

En este contexto, el microchip se convierte en una herramienta esencial. No solo permite identificar de manera rápida al animal y a su responsable legal, sino que resulta clave en casos de pérdida o abandono.

También facilita el control sanitario, ayuda a combatir el tráfico ilegal y refuerza la protección jurídica del animal.

Además, el sistema de identificación contribuye a mejorar la seguridad pública y la convivencia. Un animal correctamente registrado puede ser localizado con mayor facilidad y vinculado a su propietario, lo que reduce conflictos y situaciones de riesgo.

A pesar de estos beneficios, todavía queda mucho camino por recorrer. En España, uno de cada tres hogares convive con al menos un animal de compañía y, según los registros autonómicos, hay más de trece millones de animales identificados.

Sin embargo, los datos reflejan una realidad preocupante. Un estudio de la Fundación Affinity junto a la Universidad Autónoma de Barcelona señala que solo el 27,7 % de los perros que llegan a centros de acogida tienen microchip. En el caso de los gatos, la cifra cae hasta el 4,3 %.

Esto significa que una gran parte de los animales queda fuera del control oficial. La falta de identificación no solo dificulta su protección, sino que también supone un riesgo para la salud pública y la conservación de la biodiversidad.

Qué dice la ley

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales es clara en este punto. La norma prohíbe expresamente "la comercialización, donación o entrega en adopción de animales no identificados", lo que convierte el microchip en un requisito obligatorio antes de cualquier cesión.

En la misma línea, el texto establece que no se puede ceder ni dar en adopción un animal que no esté previamente registrado a nombre de la persona que lo entrega. Es decir, el animal debe estar correctamente identificado antes de cambiar de titular.

Además, la ley refuerza esta obligación al señalar que queda prohibida la cesión o adopción de animales sin identificar, consolidando así un marco legal que busca evitar el abandono y garantizar la trazabilidad de cada mascota.

Control en adopciones

La normativa también regula cómo deben realizarse estas cesiones. En el caso de entregas gratuitas, es obligatorio formalizar un contrato que deje constancia de la operación.

Asimismo, se prohíbe la cesión de perros, gatos y hurones con menos de ocho semanas de vida, y se limita la adopción a centros públicos o entidades de protección animal registradas.

Estos procesos deben ir acompañados de información completa sobre el animal, incluyendo su origen, estado de salud y cuidados necesarios.

Además, los animales deben entregarse identificados, vacunados y, en muchos casos, esterilizados o con compromiso de hacerlo.

Otras prohibiciones clave

Más allá del microchip, la ley introduce otras medidas relevantes para el bienestar animal. Entre ellas, prohíbe el sacrificio por motivos económicos o de espacio, permitiéndolo únicamente bajo criterio veterinario para evitar sufrimiento irreversible.

También veta prácticas como las mutilaciones con fines estéticos, el uso de animales en peleas, mantenerlos atados sin supervisión o dejarlos solos durante largos periodos, especialmente en el caso de los perros.

En conjunto, la normativa busca reforzar la protección de los animales de compañía y fomentar una tenencia responsable.