Dice la sabiduría popular que "el infierno está empedrado de buenas intenciones". Y eso sucede en muchos órdenes de la vida cotidiana y también de la vida colectiva. Por supuesto que hay sistemas "injustos", por supuesto que la economía de mercado no siempre beneficia al que más esfuerzo hace, al que más se lo merece o al que peor lo está pasando. ¿Pero la Justicia social? Queda muy bien sobre el papel pero todos conocemos a qué pesadillas conducen esas dos palabras juntas en una proclama política. ¿Qué alternativa viable nos ofrecen los "anticapitalistas"?
La historia de la humanidad nos demuestra que ninguna planificación centralizada, por muy buenas intenciones que albergase, ha producido mayores cuotas de bienestar y progreso que la economía del mercado, que el tan denostado "capitalismo". Más bien al contrario: genera siempre pobreza y miseria como las de los regímenes comunistas, cuando no "terror de estado" e injusticias irreparables.
¡Vaya semana convulsa con el tema del alquiler de viviendas! Cuánta demagogia. He llegado a oír que en la Constitución Española son equiparables el derecho a la propiedad privada (derecho fundamental de obligado cumplimiento) y el derecho a la vivienda (principio rector de la política social y económica que guía la actuación de los poderes públicos, pero que no es alegable directamente). Y algunos se quedan tan anchos. Y repiten el mantra. Y hay medios de comunicación que extienden la falacia.
El derecho a la vivienda es como el derecho al trabajo. Tienes derecho a comprarte un piso como tienes derecho a hacerte autónomo, o a alquilar una casa si hay alguien que te la alquila como tienes derecho a trabajar por cuenta ajena si alguien te contrata. Precisamente los mismos que arremeten contra la carta magna y el régimen del 78 vienen ahora a esgrimir los derechos sociales (no fundamentales) que la Constitución ampara. El mundo al revés. Parece mentira que los apologetas de la intervención del mercado -sobre todo una intervención de esta entidad, no pequeñas correcciones- vengan a estas alturas a tratar de convencernos de que un bien escaso como la vivienda puede regularse a golpe de decreto. ¿Ingenuidad? ¿ignorancia? ¿o simple y llanamente, estupidez?
A todos ellos les recomiendo una lectura: La fatal arrogancia. Errores del socialismo, de Friedrich August Von Hayek, un texto que data de 1988, y que aunque no es tan sublime como su Camino de servidumbre (o incluso El fuste torcido de la humanidad, de Isaiah Berlin), les ayudará a ampliar su horizonte intelectual un poco.
Hayek sostiene que las normas sociales de nuestra civilización (que él denomina morales) -el respeto por la propiedad privada, el respeto a los contratos y el libre comercio-, son en cualquier análisis histórico riguroso, previas al estado y la base fundamental sobre la que se ha asentado evolutivamente el progreso no solo de la sociedad, la civilización y el conocimiento, sino también de la especie humana en su extensión y dominio del planeta. Precisamente todo aquello contra lo que atentan los dos decretos del Gobierno de Pedro Sánchez.
![Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en el Foro La Toja 2026.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11369400.jpg?p=w:320\/h:240&h=SYt8bQAl"])
Esas normas esenciales no responden a deseos o estrategias particulares, sino a acciones no coordinadas de muchos sujetos siguiendo sus propios intereses con la escasa información con la que cuentan en sus actividades cotidianas para mejorar su posición. La pluralidad de centros de decisión (de personas que se guían por objetivos individuales) aumenta las posibilidades de un orden general descentralizado mucho más eficiente y provechoso que el que pueda proporcionar la arbitrariedad centralizada de cualquier poder político.
En otras palabras, intervenir de forma radical desde el poder político un mercado (en este caso el de la vivienda) no puede conducir a medio o largo plazo en la solución de los problemas de quienes en un contexto de libremercado no pueden acceder a ella. Porque los propietarios, ante la incertidumbre y persiguiendo su legítimo derecho a lucrarse con un bien escaso (que es suyo a no ser que se lo expropien), reducirán aún más la oferta esperando tiempos mejores.
¿Cómo se podría solucionar este problema? El valor de las cosas (en este caso de las casas) depende de la capacidad de éstas para satisfacer las necesidades del que quiere adquirirlas como bien o como servicio. Casas hay para alquilar, pero a lo mejor no en el centro de las ciudades que satisfagan las necesidades de quienes acampan en Sol o quizás no en el precio que están dispuestos a pagar.
Si hay escasez aumenta el valor y para bajar dicho valor lo que habría que hacer es construir más y actuar (aunque sea desde el poder político) como un agente más del mercado (como promotor o propietario), que permita bajar el precio de la vivienda. Es sencillo, pero requiere tiempo y dinero, que es precisamente lo que no tiene Pedro Sánchez y la amalgama de partidos que se benefician de su debilidad parlamentaria.