El pasado jueves, las Cortes Valencianas debatieron por tercera vez una moción de Compromís pidiendo la reversión de los departamentos de salud de Dénia y Manises, gestionados por Ribera Salud y Sanitas, respectivamente, cuyos contratos de concesión se cumplen en enero y marzo. Un proceso que ya había iniciado el pasado 31 de enero Compromís como socio de Gobierno del PSOE y Podemos que encabezaba Ximo Puig
Lo curioso del asunto es que la Conselleria de Sanidad encabezada entonces por el socialista Miguel Mínguez y con la nacionalista Isaura Navarro como secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público (hasta apenas tres meses antes) en virtud del "mestizaje" del Botánico, mandó a las concesionarias la carta de anuncio del fin de la concesión con las normas que debían regir el proceso pero sin el informe económico pertinente.
En el caso de Dénia, el informe quedó finalizado a finales del mes siguiente, febrero, y según ha señalado repetidamente el PP, no se hizo público, ni se colgó en la web de la Conselleria de Sanidad ni se debatió en las Cortes Valencianas. Por eso, cuando en agosto, poco después de haberse constituido el nuevo Consell, el diputado de Compromís Carlos Esteve filtró en la prensa el contenido del informe, causó extrañeza en la Conselleria.
Esta semana en las Cortes, en el debate de su moción, Esteve volvió a citar ese informe del que según dijo en agosto ya confirmaba que no era viable mantener la concesión del departamento de salud. Oponiéndose así a la iniciativa que ha tenido el nuevo conseller de Sanidad de realizar una auditoría exhaustiva tanto económica como asistencial sobre la concesión.
Y aunque pasó inadvertido por muchos, el diputado popular responsable de Sanidad en las Cortes, José Juan Zaplana, incidió en el asunto. ¿Cómo había tenido acceso Esteve a ese informe que según él invalidaba cualquier auditoría posterior como propone la conselleria? Desde el PP han revisado todas las peticiones de información de Compromís a la Conselleria a través de las Cortes desde que se realizó el documento y no parece solicitud alguna al respecto, afirman.
Hay que recordar en este punto que el Tribunal Supremo ya cuestionó en julio de 2021 el modo en que el Gobierno de Puig revirtió el departamento de Alzira por la falta de informes económicos detallados, no ad hoc, como parece es el informe que no se entregó a tiempo sobre Dénia.
Esto, que no deja de ser una anécdota, revela hasta qué punto el asunto de las reversiones de los hospitales que se construyeron mediante concesión a grupos privados, son pura y dura ideología sin tener en cuenta los criterios que deberían primar: ¿Cómo ha sido la gestión económica y asistencial durante los últimos 15 años? Porque se trata de eso: saber la calidad de la sanidad que se ha ofrecido al contribuyente y su coste en comparación con los servicios puramente públicos.
En este diario hemos informado en varias ocasiones cómo en los casos de Alzira y Torrevieja, con datos de la propia Conselleria, la calidad asistencial ha empeorado. Y además, la gestión se ha hecho de forma mucho más cara y generando muchos problemas laborales entre las plantillas. Ahora, estamos esperando a conocer el resultado de las auditorías. Sólo a partir de ahí habrá criterios claros sobre cómo proceder.
