Los despidos de las azafatas y técnicos de montaje desde la empresa subcontratada por el Teatro Principal de Alicante el pasado mes de enero, ha dejado muy a las claras que el sistema de gestión del coliseo público-privado de Alicante tiene que revisarse cuanto antes. Precisamente, porque tendrá que ser un juzgado el que lo haga tras las denuncias de los trabajadores.
En este caso no cabe atribuir el desastre ni a la iniciativa pública, que se pelea para ver quien manda -Ayuntamiento de Alicante o Generalitat-, ni a la privada -el Banco Sabadell- que asiste a la pelea como convidado de piedra y seguramente con ganas de deshacerse de su participación en el teatro.
Al parecer, cuando entró como director del coliseo Francisco Sanguino en 2015 se pidió una auditoría sobre la gestión anterior. Auditoría que quedó en un simple "estudio" para no levantar suspicacias políticas. Y en ese texto se puso en entredicho buena parte de la gestión anterior: el nepotismo. Administrativas, taquilleras, ordenanzas... de las mismas familias entrando y saliendo del staff del coliseo. No se hizo nada.
¿Cómo es posible que el Teatro principal de Alicante siga con un modelo mixto tan poco operativo cuando los teatros valencianos y castellonenses se financian con dinero de la Generalitat Valenciana? ¿Acaso Alicante es de segunda mientras Castellón y Valencia lo son de primera?
No es un tema menor. Se trata de Cultura, de una de sus manifestaciones más antiguas e importantes que permite explorar y transmitir las inquietudes, retos y sentimientos de cualquier sociedad. Nos llenamos la boca hablando de tener uno de los festivales más importantes del panorama nacional (la Muestra de Teatro Contemporáneo) y miramos con desdén a nuestro teatro propio, donde muchas veces prima más el espectáculo fácil que el arte por motivos economicistas. El debate es muy amplio.
[¿Por qué el Teatro Principal de Alicante no puede adjudicar un servicio a dedo a una empresa?]
Pero el debate ahora debería estar centrado en la gestión de los recursos públicos. ¿Cómo es posible que una institución financiada en su mayoría por el Ayuntamiento y la Generalitat contrate siempre a las mismas personas sin ningún proceso administrativo reglado, sin la publicidad y libre concurrencia requerida? La investigación judicial debería, cuanto antes, forzar la convocatoria de un Consejo de Administración y una Junta General para ver qué está pasando.
Por el momento, silencio. A las puertas de unas elecciones es normal que ni PP ni PSOE quieran abrir ese melón pese a la investigación judicial de la subdirectora, María Dolores Padilla, su hijo y la persona que ha venido subcontratando estos servicios desde el año 2005. A lo mejor la pérgola del concejal de Fiestas requiere más atención. A lo mejor, la Santa Faz ha nublado todo a su alrededor. Ya veremos cómo acaba todo.
