La Fiscalía solicita 17 años de prisión para un hombre residente en Santa Pola acusado de maltratar y de abusar sexualmente de su esposa de manera reiterada desde que contrajeron matrimonio.

El acusado será juzgado este jueves, 3 de junio, por un tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Alicante como responsable de los delitos de maltrato habitual, continuado de violación, continuado de amenazas y, por último, un delito leve continuado de injurias.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar a partir de abril de 2015, cuando la pareja se convirtió en matrimonio. Así, según el relato inicial de la acusación pública, los malos tratos pudieron iniciarse en julio de ese mismo año, en el domicilio en el que ambos convivían.

En distintas fechas de ese mes, el acusado se dedicó a propinarle tortazos a su mujer, al tiempo que la cogía del cuello y la amenazaba con matarla. Además, llegó a seguirla hasta el bar en el que trabajaba, donde la insultaba delante de los clientes, llamándole "zorra" y acusándola de que se acostaba con cualquiera.

Esos episodios se repitieron en diciembre cuando el acusado repitió las agresiones, en ocasiones, encontrándose en estado de embriaguez e, incluso, en presencia de una amiga de su mujer, con la que había quedado para comer en su casa.

Además, según las Fiscalía, a lo largo del matrimonio, y en varias ocasiones, el procesado llegó ebrio a su casa y aprovechaba que su mujer estaba dormida para penetrarla en contra de su voluntad pese a su resistencia y afirmando que era su marido y que "tenía que dejarse".

Caso similar

Este caso recuerda al de Soria, donde la Audiencia Provincial absolvió en abril de este año a un acusado de malos tratos, amenazas y agresiones sexuales continuadas a su expareja. La Fiscalía había solicitado 17 años para el supuesto agresor, pero el testimonio de la denunciante, según el fallo, incurría "en contradicciones" al no entenderse "que encaje con una constitución física de acusado y presunta víctima que hace difícil que él pudiera imponerse", sentenció la Justicia, "y con lo apuntado por testigos de que el comportamiento vejatorio era a la inversa".

En este caso, ambos mantenían "una relación análoga a la matrimonial de siete años, hasta la ruptura en 2020, que es cuando ella presentó una denuncia en la que aseguró que había sido víctima de conductas violentas. Sin embargo, el tribunal no consideró acreditado sus imputaciones, como las amenazas de muerte, que le controlaba a través de una aplicación móvil, que la agredía o que la obligaba a mantener relaciones sexuales.