La negativa de la portavoz de los socialistas valencianos, Ana Barceló, a definir el voto de su partido en el pleno en el que debería aprobarse la tasa turística de la Comunidad (en principio el 14 de julio) ha desatado al especulación sobre la posibilidad de que el proyecto finalmente no salga adelante.

A pesar de que es un proyecto conjunto del tripartito que gobierna en la Generalitat, las presiones al PSOE valenciano han sido constantes desde hace meses y, de hecho, los propios socialistas están divididos en sus opiniones sobre qué hacer.

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El secretario de Turismo de Ximo Puig, Francesc Colomer, ha amenzado incluso con dimitir si la norma sale adelante, y el líder del PSOE de Alicante ha prometido a la patronal pelar contra su aplicación en la aprovincia. Incluso Puig ha reconocido que "no es el momento" de plantear un aumento de la presión fiacl, por mucho que el compromiso sea de mantener una moratoria hasta finales de 2023. 

Lo cierto es que Barceló eligió ser prudente después del malestar que provocaron sus palabras unas semanas antes, cuando aseguró que la tasa turística estaba "hablada" con el sector. Los empresarios montaron en cólera porque no ha habido ni un solo contacto en el que la iniciativa privada no haya rechazado la tasa, al menos en el momento actual y tal como está planteada por escrito (y que básicamente es la propuesta planteada inicialmente por Compromís).  

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Ante este escenario, lo más probable es que los socialistas eviten definirse mientras buscan el apoyo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con el objetivo de contrarrestar el aluvión de críticas que ha recibido la medida. De hecho, Barceló volvió a repetir este martes que el nuevo tributo será de carácter "municipal y voluntario".

Es decir, que los responsables de decidir si se recauda o no son los ayuntamientos, una posible antesala a defender el voto a favor de su grupo en el pleno de la próxima semana. 

¿De aplicación municipal?

Lo que pasa es que esto es una verdad a medias. Tanto Barceló como Compromís y Unidas Podemos siguen sosteniendo que la tasa turística será de aplicación local la Comunidad Valenciana. Y realmente no es así. El tributo es de rango autonómico y, por lo tanto, obligatorio, pero se ha decidido bonificar al 100 % lo que recauda el Ejecutivo valenciano para dejarlo a cero. Cambiar eso en el futuro es tan sencillo como modificar el porcentaje de la bonificación. 

Respecto a los ayuntamientos, ni siquiera son el objeto de la norma, sino que forman parte de la Disposición Adicional Primera, en la que dice que pueden replicar la recaudación que hace la Generalitat. Tampoco queda muy claro si los municipios tendrán algún control directo sobre lo recaudado, o simplemente se limitarán a  cumplimentar una serie de ítems sobre sus preferencias a la hora de invertir ese dinero. 

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Algunas de las contradicciones de la nueva norma quedaron muy bien reflejadas en la comparecencia que el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, hizo en las Cortes la semana pasada.

Colomer aseguró que no era tarde "para rectificar", volvió a tachar de "error" el impuesto que impulsa su propio partido y afirmó que afectaría fundamentalmente a las pymes, que costituyen la mayor parte del tejido productivo valenciano. También recordó que, pese a que el objeto de la tasa era evitar el impacto turístico, una parte importante como es el alojamiento no reglado se escapaba al objeto de la norma.

¿Pueden los socialistas echarse atrás?

Así las cosas, ¿existe alguna posibilidad de que los socialistas traicionen a sus socios? Preguntada sobre este tema, la síndica de Compromís, Papi Robles, aseguró que no contemplan otro escenario que el voto a favor del PSOE, tal como ha sucedido en otras iniciativas similares. Y, teniendo en cuenta las consecuencias que tendría romper esta disciplina en un momento de alta tensión en el Botánico tras la dimisión de Mónica Oltra, se hace difícil imaginar otra posibilidad.

Pero eso no quita que los socialistas aún tengan margen para matizar su voto. Una abstención condenaría en la práctica la tasa (PP, Cs y Vox la rechazan), aunque siempre se puede justificar con la promesa de una aprobación posterior.

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Esta idea casaría con el discurso de Puig de que "no es el momento" de aplicar el tributo, y que daría sentido al silencio que su nuevo conseller de Hacienda, Arcadi España, está manteniendo sobre el tema. 

Lo que todas las partes dan por seguro es que, pase lo que pase, nadie en el Botánico se atreverá a ponerla en marcha antes de las elecciones. Y que el futuro de la tasa turística (y del propio Colomer) dependerá en buena medida del éxito de un hipotético tercer Botánico en esos comicios.