Actual desaladora de Torrevieja, en proceso de ampliación de su capacidad.
El PP deja en evidencia al Gobierno de Sánchez en su falta de planificación sobre las desaladoras de Torrevieja
Las promesas imprecisas han generado un clima de reivindicación social y política y siguen sin resolver las dudas fundamentales sobre coste, plazos y ubicación de estos proyectos clave.
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Las preguntas presentadas por los diputados alicantinos del Grupo Popular en el Congreso han puesto sobre la mesa las numerosas incógnitas e imprecisiones que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) mantiene respecto a la ampliación de la actual desaladora de Torrevieja y la nueva planta prometida, así como sus instalaciones fotovoltaicas aparejadas. Como ha venido informando este diario, sin terminar la ejecución de la ampliación de la actual planta, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que dirige la socialista Sara Aagesen ya ha prometido otra en el municipio sin previsión de ubicación ni espacio ni presupuesto.
En varias preguntas escritas, los diputados populares alicantinos (Joaquín Melgarejo,Macarena Montesinos, Julia Parra y César Sánchez, entre otros) exponen que las desaladoras anunciadas por el MITECO y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ni siquiera están recogidas en la planificación vigente, situándolas fuera del ordenamiento hídrico aprobado y cuestionando públicamente el procedimiento técnico-administrativo por parte del propio Gobierno. Además, exigen al Ejecutivo que haga públicas las cifras básicas del proyecto, incluyendo costes, tarifas, volúmenes y zonas afectadas, señalando la opacidad y falta de información oficial hasta el momento.
El PP reclama información sobre los plazos de ejecución, tanto para la desaladora en ampliación como la nueva anunciada, y advierte del impacto sobre los usuarios del trasvase Tajo-Segura, que verán entrar en vigor nuevas reglas de explotación antes de que las plantas estén en funcionamiento. Se supone que los nuevos caudales de agua desalada tenían que paliar los recortes de agua del trasvase en el Levante español, pero no parece que lleguen a tiempo.
Los parlamentarios populares también reclaman datos sobre el coste total de las instalaciones y las infraestructuras complementarias necesarias, como las líneas de evacuación eléctrica y de conducción de agua, que supondrán tarifas adicionales aún sin concretar.
Rechazo vecinal
Los populares preguntan sobre el transporte y distribución de nuevas aguas desaladas y las implicaciones técnicas de ampliar la capacidad hidráulica, en un contexto donde los propios proyectos de las plantas fotovoltaicas siguen sin ubicación consensuada y generan fuerte oposición municipal y vecinal.
En municipios como San Miguel de Salinas, Almoradí u Orihuela, los vecinos y agricultores han protagonizado protestas y movilizaciones en defensa de las tierras agrícolas, criticando los planes fragmentados de Acuamed y la falta de alternativas respetuosas con el medio ambiente.
Tampoco hay respuesta sobre la ubicación definitiva de las grandes instalaciones solares vinculadas. Los diputados preguntan si existe una previsión realista de plazos, capacidades y costes para las plantas fotovoltaicas tanto de la desaladora existente como la nueva, alertando sobre el retraso en la adjudicación y la carencia de comunicación oficial tras el verano de 2025.
De este modo, la serie de preguntas parlamentarias pone en evidencia las carencias de planificación, transparencia y diálogo en torno a las dos desaladoras y sus plantas solares en Torrevieja, señalando que la estrategia del Gobierno carece de respuestas concretas para los afectados, y generando un clima de reivindicación social y política que sigue sin resolver las dudas fundamentales sobre coste, plazos y ubicación de estos proyectos clave para el futuro hídrico y energético del sureste español.
