El presidente del SCRATS, Lucas Jiménes, junto al presidente de la Región de Murcia, López-Miras, y los diputados del PP de Alicante, Murcia y Almería ayer en el Congreso de los Diputados.
Las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura implican la pérdida del 15,62% de la superficie de regadío
La Generalitat Valenciana estima la pérdida de puestos de trabajo llegará a los 15.322 en las provincias Alicante, Murcia y Almería si se mantiene la propuesta actual.
Más información: Alarma en el regadío alicantino ante la filtración de las nuevas reglas de explotación del trasvase: son muy perjudiciales
La propuesta de nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que pretende imponer el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), unidas a la aplicación efectiva de los caudales ecológicos en la cuenca también procedentes de la gestión socialista del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, pueden suponer un importante impacto en las economías de Alicante, Murcia y Almería, y por tanto en su aportación al PIB nacional. Así se considera desde la Generalitat Valenciana, que está recabando informes para conocer la magnitud de ese impacto.
Según los datos de la Generalitat, se estima que el Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) supondrá una merma de caudales disponibles para regadío en el trasvase Tajo-Segura (TTS), estimados en una reducción de unos 105 hm3/año. Y que la potencial reclamación patrimonial podrá incluir los daños emergentes (gastos, inversiones, etc., ya realizados al amparo de la normativa anterior) y el lucro cesante (previsiones efectivas, no meras expectativas).
Para el Gobierno de Carlos Mazón (PP), el daño es indemnizable pero pone en cuestión la rentabilidad razonable de las explotaciones agrarias, impidiendo o condicionando gravemente su continuidad. El diputado del PP de Alicante y experto en asuntos hídricos, Joaquín Melgarejo, asegura que "no tiene sentido este borrador de nuevas reglas de explotación".
"Ahora está en exposición pública, luego pasará al periodo de alegaciones y de ahí al Consejo Nacional del Agua. Como muy pronto se aprobará en septiembre, por lo que teniendo una vigencia de un año apenas podrá aplicarse tres meses. Ejemplifica a la perfección el desconcierto que existe en el Ministerio", señala Melgarejo
Según estos cálculos, la reducción de caudales traerá consigo una pérdida del 15,62% de la superficie de regadío que debería dejar de regarse y pasar a secano o abandonar la explotación agraria. Esto supone la pérdida de unas 27.314 hectáreas.
En este sentido, los efectos económicos se derivan de la pérdida de dos flujos de valoración. De una parte, el valor de los activos productivos (precio de la tierra); y, por otro lado, el lucro cesante experimentado por las explotaciones a través del margen neto: 5.692,46 millones de euros.
A esta cantidad habría que añadir los costes derivados del despido de unos 15.322 trabajadores y sus prestaciones económicas derivadas de la pérdida del empleo. Además, este déficit estructural de la cuenca del Segura, no solo no disminuirá, sino que aumentará, acrecentándose los problemas económicos, sociales y ambientales que afectan a la cuenca hidrológica del Segura.
Los efectos económicos sobre las explotaciones de regadío en la provincia de Alicante significarán una reducción de la producción estimada en casi 61 millones de euros al año y una pérdida de empleo calculada en algo más de unos 1.700 puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, se registraría un aumento de las existencias embalsadas Entrepeñas y Buendía.
Las nuevas medidas, al no acompañarse de mecanismos de compensación eficaces, agravan el déficit estructural de la cuenca del Segura, intensificando las tensiones sociales, económicas y ambientales de las regiones afectadas.
