Las principales patronales de Alicante han impulsado la creación de una página web (https://alicantemerecemas.com/#) con la que recabar apoyos para denunciar la discriminación que los Presupuestos Generales del Estado hacen con la provincia. La movilización se produce después de que el Estado haya dejado a Alicante por segundo año consecutivo a la cola de España en inversión per cápita, pese a ser el quinto territorio en más población y en aportación al PIB: solo recibirá 160 millones, la cifra más baja de la historia.

En concreto, cada habitante empadronado en la provincia recibirá 86 euros por persona, la única de España que está por debajo de los 100 euros (Jaén, la siguiente, se va a 110) y aproximadamente una tercera parte de lo que recibirán Valencia y Castellón. Esta última, de hecho, tiene más dinero total asignado pese a contar con 1,3 millones de ciudadanos menos. 

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Con estos antecedentes, las principales entidades patronales valencianas han preparado una web para adherirse a un manifiesto con el que presionar al Ejecutivo. ¿Qué dice? Pues básicamente que la aplicación de los Presupuestos Generales del Estado "supondrá graves perjuicios para el desarrollo socioeconómico, los servicios públicos, la competitividad empresarial, el empleo y el bienestar social de la ciudadanía de la provincia de Alicante". 

Las consideraciones en las que se basan los empresarios son las siguientes. Por un lado, las partidas previstas para la provincia de Alicante "vienen reduciéndose drásticamente año tras año". "En estos PGE 2023 ascienden a 160,3 millones de (183,65 millones en 2022 y 298,78 millones en 2021). Por contra, somos la segunda provincia de España en la que más ha crecido la población desde 2020 y la quinta que más aporta al PIB estatal", explican.

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"Somos la última provincia de España en inversiones por habitante. La prevista en Alicante en estos PGE es de 85,48 euros por persona, frente a una media estatal de 283,72 euros. Lo que agravará una ya precaria situación, en la que Alicante tiene una de las rentas per cápita más bajas de España (posición 44 de 52)", añaden.

En el manifiesto se explica que, "pese a tratarse de unos presupuestos expansivos y con una mayor inversión territorializada en términos generales", ésta en Alicante "sufre un recorte del 12,3% respecto al año pasado. Este tipo de inversión equivale al desarrollo de infraestructuras, las cuales en esta provincia son tremendamente deficitarias".

Los empresarios recuerdan que, lejos de ser un caso aislado, "se trata de un problema que se agrava año tras año. Teniendo en cuenta el criterio poblacional, desde 2008 la provincia de Alicante arrastra un déficit de 3.539 millones en inversión estatal".

"Además, la situación real es todavía más grave, pues la provincia de Alicante cuenta con una población flotante no censada muy importante y con 2 millones de visitas de turistas anuales, lo que incrementa de forma severa el impacto en sus servicios públicos", agrega.

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"Finalmente", señala, "no se puede obviar la situación de infrafinanciación histórica de la provincia y de la Comunidad Valenciana, que surge debido a un modelo de financiación autonómica que discrimina claramente a la provincia de Alicante" y a la autonomía. 

Por todo ello, en el manifiesto se solicita "a todas las empresas, organizaciones e instituciones de la sociedad civil de la Comunidad Valenciana, y en especial de la provincia Alicante, que, en el ejercicio de la defensa de los derechos de la ciudadanía a la que pertenecen, se adhieran a este manifiesto para mostrar su rechazo a un Proyecto de Ley directamente contrario a los intereses y al futuro de la provincia de Alicante, y por tanto, de la Comunidad Valenciana".