La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana que dirige el nacionalista Vicent Marzà (Compromís) ha hecho oídos sordos a los más de mil recursos presentados por padres y profesores contra la imposición del valenciano como lengua vehicular en Secundaria y FP. No ha contestado ninguno, se ha escudado en el "silencio administrativo".

Ante esta situación, a los padres y profesores sólo les queda plantear pleitos por vía contenciosa contra la Administración valenciana para defender sus derechos. Una batalla desigual, ya que mientras la Conselleria puede hacer uso de los abogados de la Administración, padres y profesores tienen que pagar de sus bolsillos el coste del proceso, que estiman en alrededor de 3.000 euros por familia.

Para poder financiar estos recursos judiciales la comunidad educativa ha decidido comenzar una campaña de crowdfunding y sólo presentar tres casos, los más paradigmáticos, de modo que las sentencias, que esperan favorables, puedan servir de base al resto de pleitos.

La estrategia del Gobierno valenciano desde que aprobó la ley -que no fue llevada al Tribunal Constitucional porque coincidió con el cambio de Gobierno de Rayoy por el de Sánchez- es no desarrollarla por escrito ni dejar constancia de las órdenes verbales, para que no pueda ser recurrida en instancias superiores. 

Plurilingüismo

Como ha venido informando EL ESPAÑOL en el último año, la imposición se está realizando a través de los Planes Lingüísticos de Centro (PLC) que ha aprobado la Conselleria en cada centro con independencia de las votaciones realizadas. Se trata de imponer un mínimo del 25% de las asignaturas troncales impartidas en valenciano y su aumento año a año en un proceso de inmersión lingüística.

Este problema es particularmente grave en comarcas como la Vega Baja alicantina donde no se habla una palabra de la lengua cooficial. La zona (y otras muchas de la Comunidad) está reconocida por el Estatuto de Autonomía como de "predominio lingüístico castellano", lo que permite a las familias pedir la "exención" para  que sus hijos no estén obligados a asistir a clase de "lengua valenciana".

Sin embargo, con la ley aprobada por el PSOE y Compromís tendrán que dar asignaturas troncales como Matemáticas o Física en valenciano, estén exentos o no. Lo que les sitúa en un plano de inferioridad a la hora de examinarse en una lengua que no hablan respecto a otros alumnos de la Comunidad. 

De nada sirvió que más del 70% de los centros votara en contra de la imposición. Marzà ha aplicado su ley sin atender especificidades y la única salida que les queda a los padres y profesores son los tribunales. De ahí la campaña para poder financiar los procedimientos.

Clamor por la libertad

La plataforma "Docentes por la Libertad Lingüística" y las asociaciones de padres de alumnos (AMPAS) emitieron ayer un comunicado muy duro contra al Conselleria de Marzá. En él, los profesores de la Vega Baja explican que "según interpreta el Consell, la mayoritaria condición hispanohablante de la comarca, su cultura y su misma historia impiden a los vecinos de la Vega Baja ser plenamente valencianos".

"Porque, siempre según la interpretación del Consell, sólo es valenciano el que habla en lengua valenciana y asume determinados presupuestos políticos vinculados al pancatalanismo intolerante y supremacista que los dirigentes de la Comunidad han asumido como propios", aseguraron.

Además, respecto al silencio administrativo a los recursos, explican que "Marzà, sin capacidad de justificar legalmente el atropello de las libertades que ha perpetrado, confía en que el alto costo económico de un contencioso, última alternativa a las familias, haga desistir a los padres".

Y añaden: "Con esta estratagema el Gobierno Valenciano eleva el nivel de su villanía, estableciendo que la libertad y los derechos constitucionales estén sólo al alcance de los ricos, una doctrina extraña para un Gobierno que pretende presentarse como progresista".

"No se trata solamente de nuestros hijos, se trata de nuestra supervivencia como región, se trata de la defensa de nuestra cultura y de nuestra historia. Se trata de definitivo de un llamamiento colectivo a la Vega Baja para que, de nuevo, vuelvan a poner sobre la mesa que la dignidad de esta tierra no puede ser atropellada ni tratada como una mercancía", insisten.

"Los hijos de la Vega Baja no son mano de obra barata, no se van a convertir en ciudadanos de tercera por la conveniencia un Gobierno Valenciano entregado al supremacismo pancatalanista. Sabemos que la Vega Baja no se va a rendir y contamos con que haga saber a quienes la desprecian que este pueblo no se va a someter y dará una respuesta masiva y contundente", añadieron.