Vertidos ilegales y chabolas en la entrada sur de Alicante, en los terrenos de Adif.
Cruce de acusaciones de Adif y Alicante mientras la insalubridad se enquista en las vías muertas de Benalúa Sur
La asociación Parque del Mar aporta documentación catastral para demostrar que los terrenos degradados son de Adif y exige su desafectación, la limpieza inmediata y la extensión del parque hasta la fachada marítima sur.
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Alicante mantiene enquistado en Benalúa Sur un foco de insalubridad urbana y pésima imagen en la entrada de la ciudad mientras Ayuntamiento y Adif se cruzan la responsabilidad de actuar sobre unas antiguas vías ferroviarias hoy ocupadas por chabolas y vertederos improvisados.
El conflicto jurídico sobre la titularidad de los terrenos, que Adif niega aunque los datos les desmienten, y el pulso por los futuros aprovechamientos urbanísticos de unos 60.000 metros cuadrados han convertido la fachada marítima sur en un símbolo del bloqueo institucional.
Las antiguas vías que separan el barrio de Benalúa del Parque del Mar llevan décadas fuera de uso, pero conservan la misma categoría de protección que las líneas de alta velocidad. Sobre ese suelo, hoy degradado, se asientan chabolas, se acumulan basuras y proliferan las plagas, ante la desesperación de los residentes.
“Son años de mareo y de tirarse la pelota unos a otros. Nosotros creemos que ninguno hace su trabajo”, denuncia Lorenzo Pérez, portavoz de la Asociación de Vecinos Parque del Mar. A su juicio, Adif y el Ayuntamiento han permitido que el problema se cronifique mientras concentran sus esfuerzos en negociar el gran convenio que debe reordenar toda la zona.
Los titulares del terreno
La polémica se ha reavivado después de que la entidad ferroviaria negara la titularidad de parte de los terrenos sobre los que se asienta el asentamiento irregular. Los vecinos, sin embargo, aseguran que la documentación catastral que han recopilado demuestra lo contrario y que Adif figura como propietaria de las parcelas.
documentacion adif
“Llevan años engañándonos porque cuando les pedimos la desafectación nos dicen reiteradamente que los terrenos no son de su titularidad y que por tanto no pueden desalojar el asentamiento ilegal ni los vertidos. Pero ahora se demuestra que sí son titulares”, critica Pérez. La asociación considera que, como cualquier otro propietario, la empresa pública debería acudir a los tribunales y a las fuerzas de seguridad para recuperar la posesión.
Desde Adif, la versión es distinta. La entidad sostiene que ha actuado “recurrentemente” sobre sus terrenos cuando ha sido posible, pero que en este momento no puede acometer labores de limpieza ni desbroce porque las parcelas están ocupadas. Insiste en que la solución definitiva pasa por el convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Alicante, cuyo borrador -según asegura- remitió en 2023 y sigue sin respuesta formal. En paralelo, recalca que el consistorio podría intervenir en el desalojo de las personas asentadas por tratarse de “edificaciones ilegales”.
Los vecinos de Benalúa Sur denuncian la insalubridad, vertidos y chabolas en las vías muertas de Adif
El equipo de gobierno municipal rechaza frontalmente ese planteamiento. Fuentes del Ayuntamiento consultadas por este diario apuntan a los informes de los servicios jurídicos de Urbanismo, que concluyen que “los asentamientos no están en suelo municipal y, por consiguiente, el Ayuntamiento no tiene competencias para el desalojo, puesto que esa acción compete al titular de los terrenos, ya sea Adif, el Puerto o ambos”.
![Acampada de mendigos en la Plaza de San Cristóbal de Alicante, en la entrada del párking, incluso con mobiliario y colchones.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/02\/28\/alicante\/alicante-ciudad\/836176697_240322942_320x180.jpg"])
La legislación obliga a velar por la salubridad urbana, pero insisten en que la potestad sancionadora o de ejecución subsidiaria exige antes identificar con claridad al propietario.
En este laberinto jurídico, los vecinos ven un trasfondo económico evidente. Pérez sostiene que Adif mantiene las vías con su actual catalogación para “especular” con el volumen de viviendas que reclama en la negociación con el Ayuntamiento.
Asentamiento ilegal en las vías muertas de Adif en Alicante.
En su opinión, reconocer abiertamente la titularidad y asumir el coste del desalojo y la limpieza restaría capacidad de presión a la empresa pública a la hora de fijar la edificabilidad que obtendría como contraprestación en el acuerdo.
El convenio en ciernes prevé la cesión de los suelos ferroviarios al Ayuntamiento a cambio de que Adif pueda levantar y comercializar nuevas promociones residenciales en una parte sustancial de los terrenos, alrededor de 60.000 metros cuadrados, quedándose con los beneficios.
Mientras las negociaciones avanzan en los despachos al ritmo de los informes y contra‑informes, el día a día en Benalúa Sur sigue marcado por la sensación de abandono. Los residentes denuncian que “esto es como la vivienda de un particular: si se la okupan va al juzgado y a la Policía para que lo desalojen, no le dicen al Ayuntamiento que lo desaloje él”, insiste el portavoz vecinal.
Incongruencia política
La disputa por los terrenos ferroviarios de Benalúa Sur se cruza con otra batalla política: la de la Ordenanza de Convivencia de Alicante, conocida popularmente como “ordenanza de la mendicidad”. Esta norma, aprobada por el PP y Ciudadanos, prevé sanciones por acampar en la vía pública, por dormir en la calle o por ejercer determinadas formas de mendicidad y prostitución, y fue recurrida ante los tribunales por concejales de la izquierda y por colectivos sociales que la consideran una herramienta de “criminalización de la pobreza”.
El TSJCV anuló varios de sus artículos por defectos formales y el Ayuntamiento ha llevado el caso al Supremo, mientras Unidas Podemos reclama la nulidad total de la ordenanza.La Policía Local sólo puede actuar de forma limitada ante las acampadas en el espacio público, recurriendo a la ordenanza de Limpieza y siempre con el riesgo de “rozar la ilegalidad” si retira colchones o enseres de personas sin hogar.
Los vecinos del barrio de Benalúa Sur denuncian la insalubridad, vertidos y chabolas en las vías muertas de Adif
En este contexto, la exigencia de Adif -empresa dependiente del Gobierno central de PSOE‑Sumar- de que el consistorio utilice la ordenanza para desalojar las chabolas de Benalúa Sur abre una evidente paradoja política.
La izquierda que impugnó la norma y la llevó hasta el Supremo, denunciando su carácter punitivo hacia “mendigos” y prostitutas, reclama ahora que se aplique con contundencia para resolver un problema de insalubridad generado en terrenos cuya titularidad atribuye a una empresa pública del propio Ejecutivo.
Esa contradicción alimenta el malestar vecinal: mientras los partidos se enfrentan en los tribunales por la ordenanza y se acusan de “ordenanza de la vergüenza” o de falta de sensibilidad social, el poblado chabolista y los vertidos continúan en las vías fantasma de Benalúa Sur, sin que ninguna administración asuma plenamente la responsabilidad de intervenir.
