El alcalde de Alicante sale al paso de las "difamaciones" sobre la casa de su mujer explicando la legalidad del arrendamiento

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha comparecido públicamente para dar explicaciones sobre el piso que alquila su mujer asegurando que se siente "víctima de una cacería en la cual todo vale con tal de difamar, ensuciar y empozoñar, y donde ya lo importante no es que las cosas sean de una manera o de otra sino que se trata de atacarme por tierra, mar y aire. A mi y a mi familia".

ElDiario.es en su edición de la Comunitat Valenciana ha publicado que "La mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada, y en la que nunca vivió". Barcala, en una comparecencia sin turno de preguntas, ha explicado la legalidad de la actuación de su esposa, Sagrario Martín, en un tiempo en que ni siquiera él ocupaba un cargo institucional.

Sobre todo, porque la noticia aparece en pleno escándalo por las adjudicaciones que una cooperativa privada ha hecho de pisos de VPP en la zona de la Condomina, junto a la Playa de San Juan, por la que han tenido que dimitir la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman. Al tiempo se investiga a dos arquitectos municipales.

Barcala ha explicado que "lo comprado es vivienda de nueva construcción de protección pública, calificada definitivamente el 28 de abril de 2005 por la Conselleria de Territori i Habitatge. En esa calificación hay 12 viviendas dentro del edificio que son para alquiler, no para uso propio de los compradores. Y el promotor puede vender las de alquiler a terceros que asuman el mismo compromiso. Que es lo que se ha hecho en este caso. Como el comprador no la va a usar no se le exige más requisito que respetar el régimen de arrendamiento por el plazo previsto y con la renta máxima fijada oficialmente".

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También ha detallado que "el régimen no es alquiler con opción de compra. Es vivienda calificada para arrendamiento y así consta en la calificación definitiva. Ello implica que no es el comprador el que debe reunir requisitos específicos para la compra, sino el arrendatario que finalmente la ocupe. Es decir, el comprador puede serlo de varias viviendas (artículo 25.3 del decreto 92/02 de 30 mayo, conforme al artículo 20.3 del Real Decreto 1/2002 que establece que podrán ser enajenadas por el promotor individualmente o incluso por promociones completas)".

"La obligación del comprador no es ocuparla, de hecho no es para uso propio, sino destinarla a arrendamiento dentro de los precios máximos establecidos, tal y como establece la autorización de venta de 24 de mayo de 2006 concedida por la Conselleria de Territori i Habitatge. Y eso es lo que se ha hecho desde el inicio hasta la actualidad, con arrendamientos por debajo del precio máximo en todo caso. La información de precios máximos obtenida en su día así lo deja claro", ha señalado el alcalde.

Para concluir: "La compradora se entera porque el plan parcial de Benisaudet, creo recordar que esa era su denominación, fue una actuación en la que el entonces Instituto Valenciano de Vivienda promovió suelo para varios edificios de viviendas protegidas y fue muy conocido en todo Alicante".

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Les Naus

El alcalde ha manifestado que "ya he dejado clara mi profunda indignación con el asunto de las viviendas de VPP, para la cual se han asumido las responsabilidades políticas que corresponden al ámbito de este Ayuntamiento. Tanto la exconcejala de Urbanismo ha dimitido, como la directora general que fue nombrada. El Ayuntamiento ha tomado todas las medidas a su alcance para esclarecer lo que ha ocurrido con esas viviendas".

"Desde la apertura de un expediente de averiguación de hechos, la apertura de expedientes informativos a funcionarios, a la denuncia presentada en la Fiscalía por parte de este Ayuntamiento. Además hemos anunciado la creación de una comisión de investigación, pasando por otras medidas como la inspección de la Policía Local de la urbanización, a instancia de la Generalitat, para comprobar quienes viven allí y si cumplen con los requisitos", ha continuado.

Además ha reiterado que las competencias del Ayuntamiento han consistido en "vender la parcela impulsada por el tripartito de izquierdas a un precio tasado para construcción de viviendas de protección pública y se encargó de sacar a licitación la obra en un concurso público. La cooperativa, no el Ayuntamiento ni la Generalitat, sino la cooperativa es la que ha adjudicado las viviendas a aquellas personas que deberían cumplir los requisitos de la normativa autonómica".

"El Ayuntamiento no ha participado para nada en esa adjudicación de viviendas y de ello deberá responder la cooperativa. El funcionario de la Conselleria, que fue ascendido por Compromís, que debía validar a estos demandantes de las viviendas ha sido la primera persona que incumplió la normativa y ahora se está comprobando porque hay más adjudicatarios que la habrían incumplido y deberán devolver las viviendas. Repito, este Ayuntamiento ni ha adjudicado las viviendas ni ha validado el cumplimiento de los requisitos por parte de los adjudicatarios", ha añadido Barcala.

Para finalizar: "Pero da igual. A algunos parece que nada les importa. Y esto está siendo aprovechado por algunos para una sucia campaña de acoso y derribo contra mi persona en la que todo vale. Incluyendo a mi familia".