En la guerra por los 8 millones de euros de los conciertos en Alicante: denuncias de amenazas y acosos

"Los conciertos que se están publicitando para el próximo año en el Área 12-Multiespacio Rabasa carecen del preceptivo permiso municipal y, en consecuencia, puede que no se celebren". Con esta contundente frase el Ayuntamiento alertaba en sus redes sociales y prensa de las actuaciones anunciadas con artistas como Viva Suecia, Dani Martín o The Black Crowes.

Con él se ha desatado este jueves una guerra entre el consistorio y la promotora musical que gestiona esas actuaciones, Producciones Baltimore, la mayor de la provincia. Un choque en el que de manera no oficial se habla de amenazas y acoso en un negocio que se estima en ocho millones de euros con una proyección de 120.000 espectadores.

Primero, ¿qué es lo que se ha dicho? La Concejalía de Urbanismo, dirigida por Rocío Gómez, es la que declara que "no se han concedido las licencias de actividad necesarias para su celebración, quedando supeditadas al estudio individual de cada uno de los expedientes que deberán tramitarse al efecto".

La respuesta de Baltimore, a través también de redes, razona que "tal y como ocurre con cualquier actividad eventual en la ciudad (incluidos otros recintos y promotores), las licencias se solicitan formalmente 30 días antes de cada evento". Los mencionados conciertos son fechas entre junio y agosto, por lo que este trámite se tenía previsto pedir en mayo.

Si esto es lo que oficialmente se ha transmitido al público, ¿qué se ha comentado luego? Según ha podido saber EL ESPAÑOL el choque venía anticipándose hace un par de semanas cuando los agentes de estos artistas habrían recibido ofertas para actuar en otros espacios. Unas propuestas que se habrían rechazado y que generaron la inquietud suficiente como para preguntar qué había tras ellas sin tener respuesta.

¿Qué espacios hay en la ciudad de Alicante para ofrecer conciertos con gran capacidad de público? Ahí solo hay dos opciones que están activas actualmente, la plaza de toros y el puerto. En la primera, propiedad del Ayuntamiento, se acaba de abrir este miércoles el concurso para su gestión. En la segunda, dependiente del Estado, hay ya una empresa concesionaria.

Las promotoras que quieran operar en esos dos espacios pagan al Ayuntamiento y al Puerto por operar en ellos. Baltimore no tiene que pagar a ninguna Administración pública por organizar la oferta de Área 12, que incluye el Spring Festival. Pero sí depende de las autorizaciones que concede el consistorio.

¿Cómo puedes dar autorización a quienes compiten en desigualdad de condiciones con los concesionarios? Esa pregunta forma parte del razonamiento que ha impulsado la nota del jueves. La autorización municipal se basa en la excepcionalidad. Y esta se plantea para festivales, eventos multitudinarios que pueden acoger veinte mil personas por día.

Los conciertos anunciados se plantean para un aforo que pueden asumir los espacios concesionarios, prosigue ese razonamiento. La capacidad de El Muelle Live es de nueve mil personas, según presentaron sus responsables. La de la plaza de toros es de más de once mil, pero en los conciertos suele estar en las siete mil.

Y aquí es donde chocan las versiones. ¿Se les avisó de que no iban a tener autorización? ¿Se enviaron correos sin respuesta? En el Ayuntamiento afirman que ha habido negociación y que en ella se amenazó con marcharse a otras ciudades. Si el Low se ha marchado de Benidorm a Torrevieja y en Elche se ha abierto un nuevo festival, la posibilidad existe. Producciones Baltimore niega rotundamente que haya habido ninguna reunión para hablar de este asunto, y mucho menos que haya "amenazado" al Ayuntamiento.

En 2024, las relaciones entre ambas partes eran buenas y desde el Ayuntamiento se celebraba una propuesta como el Spring definiéndola como "un ejemplo perfecto de lo que queremos cuando hablamos de potenciar el turismo musical en Alicante". El impacto de esta cita, dos días a finales de mayo, se situaba en trece millones de euros.

El aviso a través de redes y notas para prensa del jueves, en cambio, se "informa con la finalidad de garantizar los derechos del público asistente que podría estar comprando entradas". Y esta frase la consideran desde la parte promotora como "acoso".

Este será un fin de semana largo en el que se volverá a abordar esta guerra antes de decidir si realmente se suspenden los conciertos en Alicante, se cambian a otra promotora o, finalmente, se marchan a otros destinos.