Las obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante podrían comenzar el próximo mes de septiembre, según han indicado fuentes de la Generalitat en un comunicado. El Pleno del Consell ha autorizado este viernes la licitación de las obras para llevar a cabo el proyecto, con un importe de 85.651.851,27 euros (IVA incluido).

El pasado miércoles, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, anunció en Alicante que el Pleno del Consell autorizaría este viernes la licitación de las obras, uno de los trámites administrativos para este proyecto.

"Tenemos una previsión de adjudicación del contrato para el mes de julio, de manera que las obras puedan iniciarse a finales de septiembre", explicó Bravo ese día.

Este proyecto está incluido en el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que contempla, entre otras iniciativas, la construcción de nueve edificios judiciales de nueva planta y la rehabilitación integral de otros cinco, según la nota del Gobierno valenciano.

El edificio se ubicará frente a los actuales juzgados de Benalúa, al otro lado de la avenida Aguilera de la capital alicantina, y tendrá 48.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja, semisótano, dos sótanos y siete plantas más ático, con una instalación fotovoltaica que permitirá que buena parte de la energía que consuma sea de origen solar.

Además de los paneles fotovoltaicos, la sede contará con sistemas inteligentes para el control de su consumo energético y climatización. También será completamente accesible para personas con diversidad funcional.

En el nuevo edificio se unificarán la mayor parte de los órganos judiciales del partido judicial de Alicante, que ahora mismo están repartidos en diez sedes diferentes.

Así, allí estarán la jurisdicción Civil, la Penal y la Fiscalía. Además, albergará el Centro de Mediación, los Servicios de Orientación Jurídica, el Instituto de Medicina Legal, las Unidades de Valoración Forense Integral, los gabinetes psicosociales, la Oficina Especializada en Denuncias de Violencia de Género y la de Asistencia a las Víctimas del Delito, así como las cámaras Gesell. También se ubicarán allí las dependencias del Servicio de Orientación Jurídica, un salón de actos y el Decanato.

Por otra parte, en la sede de la calle Pardo Gimeno se mantendrán los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y lo Social.

El coste del proyecto se financiará con cargo a los Presupuestos de la Generalitat para los ejercicios de 2022 (con una partida de 2,4 millones de euros), 2023 (18,8 millones), 2024 (38,1 millones) y 2025 (26,3 millones).

Tras la aprobación por parte del Pleno del Consell, las bases para la licitación serán publicadas en un plazo máximo de dos semanas en la Plataforma de Contratación del Estado. Después, las empresas interesadas tendrán 30 días para presentar sus ofertas, de forma que está previsto que se pueda adjudicar el contrato a finales de julio y que las obras empiecen a mediados del próximo mes de septiembre.