La unanimidad con la que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha apoyado el recurso del Ministerio Fiscal alicantino a la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que declaró prescrito el delito por cohecho impropio de la exalcaldesa, Sonia Castedo, en la causa de Brugal sobre el PGOU, no sólo deja en el aire el relato de la 'honorabilidad' de la regidora. También, su futuro político.

La exalcaldesa ha exhibido la prescripción de su delito como una absolución desde que fallaron las juezas de la Audiencia (para quienes no ahorró loas frente a las críticas al juez instructor). Al tiempo, ha realizado múltiples manifestaciones contra el actual alcalde, el también popular Luis Barcala por no haber retirado al Ayuntamiento de la acusación cuando asumió la Alcaldía.  

Unas palabras que ha combinado con homenajes y reuniones de sus más afines. Como la del pasado mes de agosto con sus exconcejales más cercanos o la de noviembre, mucho más multitudinaria. Todo ello, con una clara intención política, a juicio de todos los analistas, de cara a una posible candidatura en 2023.

Tras la decisión unánime de los fiscales, el alto tribunal tiene un margen de seis meses para tomar una decisión. Tanto sobre la prescripción del delito del cohecho por el regalo de una cazadora "de lujo" por parte del empresario Enrique Ortiz, como por las omisiones detectadas por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, en la sentencia. Omisiones que el fiscal considera "hechos probados" en cuanto a otros cohechos, revelación de secretos o tráfico de influencias.

Es decir, el Supremo puede ahora estimar si inicia un proceso sobre la prescripción del delito o si concurren o no nuevos delitos que el juzgado sentenciador pudo pasar  por alto. Y si lo hace, el limbo judicial sobre Castedo puede mantenerse entre uno u dos años más, tanto si el Supremo devuelve la sentencia al juzgado sentenciador para que sea dictada de nuevo por la Audiencia alicantina, como si decide que se ha de realizar un nuevo juicio.

Con estos plazos, la exalcaldesa tiene difícil participar en las elecciones de 2023 sean cuales sean las siglas bajo las que se ampare. En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL tras su sentencia aseguró que el PP se había "acabado" para ella porque la habían "crucificado". 

Casos recientes

El pasado mes de noviembre se cerró un proceso similar en el procedimiento y muy distinto en los delitos. El TSJ de la Andalucía había absuelto en septiembre de 2019 a coronel de la Guardia Civil, Francisco García Santaella, por un caso de drogas. El tribunal consideró prescritos los hechos y declaró "no probadas" algunas de las acusaciones. Un recurso de la Fiscalía del Supremo forzó la revisión en "casación".

De la absolución se pasó a la condena de siete años de prisión y 6,1 millones de multa. En aquel caso, se trataba de un asunto de drogas. Pero otros recursos a un tribunal superior en casos parecidos al de la exalcaldesa de Alicante han sido perjudiciales para el acusado.

El exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, recurrió la sentencia de prevaricación administrativa dictada por la Audiencia de Alicante y el Tribunal Superior de Justicia aumentó sus penas en 2020 por el conocido como caso Comercio.